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2009 año de pérdidas, 2010 el mal augurio

Injusticia e impunidad

Por Soledad Jarquín Edgar
Corresponsal de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) en Oaxaca. En 2007 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo en su categoría de Noticia, por uno de sus trabajos para la Agencia Cimac Noticias.

México el país de la angustia. Hoy la población mexicana vive en la zozobra tras las garrafales apuestas de la clase gobernante en sus tres niveles y el reconocimiento, el temor que la ciudadanía tiene frente a las otras opciones partidistas, una de las razones por las que nada cambia, lo que tampoco es gratuito.

Hoy, a unos cuantos días del final de este año, nefasto año para México y el mundo, vivimos aterrados la llegada inevitable del 2010 por el caos de incertidumbre que nos espera, tras este año de sangrientas batallas callejeras narco versus ejércitos, que dejan una cifra indecible de muertes que no se investigarán jamás; un año de crisis financiera que se refleja cada vez más, al menos, en la posibilidad de vivir de manera desahogada, tranquila y sin sobresaltos.

Un año terrible en la memoria de las mexicanas porque sobre sus cuerpos los poderes legislativos de 17 entidades, como pasó en Oaxaca, decidieron imponer las más incalificables alianzas políticas entre el derechizado PRI y el recalcitrante PAN, para satisfacer a la más grande de las bestias: la derecha amparada por la jerarquía católica.

No basta para el valiente Felipe Calderón, secundado por los compromisos ajenos a la colectividad a la que deberían servir los gobiernos de los Estados, como el de Oaxaca, en retroceder en el derecho a decidir de las mujeres al criminalizar el aborto, que ahora se persigue y castiga con cárcel, que ya orilla a muchas mujeres de todas las edades a recurrir a lo clandestino, a la muerte por malas prácticas médicas y al enriquecimiento de un sector. Eso no importó para las y los diputados, como sucedió en Oaxaca, su corta vista les impide ver más allá de lo que tienen pactado y demuestran que su tarea no es legislar para bien del pueblo sino para los intereses de los grupos de poder.

Y todo ese daño a la libertad de las mujeres no fue suficiente, hay más. Hace unos días la justicia echó reversa al reducir los años de prisión a dos soldados del Ejército mexicano que intervinieron en la violación sexual de 14 bailarinas y trabajadoras del sexo en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila impuso castigo a otros soldados que habían sido absueltos por el juez en octubre de 2007, no hay nada “sobresaliente” como señalaron los magistrados de aquella entidad, ya que el castigo se tenía que aplicar desde la primera instancia. Lo sobresaliente –por aberrante- es que el juez Hiradier Huerta Rodríguez siga al frente de un juzgado.

Sobresaliente hubiera sido que en la sentencia de 2007, los 12 elementos del ejército mexicano hubieran sido castigados. Pero, sólo ocho de 12 fueron juzgados, cuatro se dieron a la fuga. Justicia a medias se denominó entonces y sin duda sigue en las mismas. Todo ello a pesar de que el juez Huerta tuvo en sus manos declaraciones de 14 mujeres víctimas, meseros, cantineros y policías municipales y algunos hechos inocultables como el aborto provocado que sufrió una de las mujeres tras el ataque y el embarazo de otra joven resultado del mismo y que curiosamente no recibió la atención adecuada y permitida como la anticoncepción de emergencia para no engendrar un producto no deseado. Ello sin contar las agresiones físicas y tortura en aquella larga noche del 11 de julio de 2006, cuando estos “héroes” como los llama súper Calderón, salieron a divertirse.

Hechos a los que siguieron meses de vivir entre amenazas, carencias y persecuciones a las mujeres agredidas y algunos actores sociales como el obispo dominico Raúl Vera y Sandra de Luna González, abogada que colaboró junto con la organización Coprovvi en el caso.

Sin duda, sus testimonios, recogidos entonces por los medios, muchos de los cuales me tocó como reportera cubrir, eran aterradores. Pero los jueces tienen una visión distinta, derivada de este país de la angustia, donde todo se basa en componendas políticas, en amenazas y corrupción. Y cada día más en todos los círculos se escucha con insistencia la mayor revelación de nuestra sociedad con características porfirianas, donde el poder se concentra en unos cuantos. Quizá habría que decir, para ejemplificar el tamaño del agravio a todas las mexicanas es que es el primero que la justicia civil lleva a juicio en la historia y estamos hablando de muchos cometidos en todos los tiempos.

Aunado a todas nuestras desgracias sociales, muchas de las cuales no vemos, no porque estén ocultas sino porque las seguimos negando, despedimos el 2009 y con ella la primera década del siglo XXI con la irremediable tragedia de la pobreza y todas sus implicaciones, como la inseguridad pública que generan el tráfico de sustancias prohibidas, pero también de vidas humanas, donde las mujeres y los menores de edad son sus principales víctimas. Y claro además de un proveedor para que esto funcione siempre tendrán que existir los consumidores. Pero para ello no hay combate frontal ni guerras sangrientas, lo cual me lleva a la sospecha.

Inevitable el temor del nuevo año cargado de más carestía e impuestos como el 16 por ciento de IVA que nos regalaron los diputados para este 2010. El objetivo, dice Súper Calderón, será contar con más recursos para enfrentar la pobreza de más de la mitad de la población mexicana, que por cierto no reconoce del todo, menos cuando se ufanan de sus atinadas políticas de empleo.

En lo personal no sé a qué pobreza se refiere. Si a la falta de oportunidades para comer, estudiar, tener salud, un salario digno y otras elementales necesidades reconocidas en la Constitución, el viejo libro de los sueños de una revolución cuya primera centuria se anuncia con bombo y platillo, o a la pobreza humana de la clase gobernante que como barril sin fondo no podemos saciar.

Un ejemplo y claro lo constituyen las y los integrantes del Poder Legislativo federal, que en sólo cuatro meses de trabajo obtienen como aguinaldo la suma de 244 mil 982 pesos cada uno de los 500 que componen la Cámara de Diputados y que según cálculos representan 122 millones 491 mil pesos del erario público. Una actitud sinvergüenza de los legisladores de todo el país, al aceptar esa suma en tiempos de crisis económica, que seguramente los otros gobiernos de todos los niveles obtuvieron sumas semejantes, total el país y su gente dan para eso y más. Lo contrario sucede con los obreros y obreras de este país a quienes autorizaron un aumento de dos pesos con cincuenta centavos, mientras otros 44 mil se fueron a la calle de la noche a la mañana, “por decreto”, como hace un siglo justamente.

A pesar de todo sea bienvenido el 2010, un año que antes de nacer se ve difícil para México, no así para la clase política.

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