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Oaxaca: ya van 563 ¿cuántas más?

Injusticia e impunidad: Feminicidios

Por Soledad Jarquín
Corresponsal de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) en Oaxaca. En 2007 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo en su categoría de Noticia, por uno de sus trabajos para la Agencia Cimac Noticias.

Una, dos, tres… la cuenta no se detuvo nunca. En la última década y hasta el día de hoy la suma de mujeres asesinadas indica que se trata de 563 mujeres de carne y hueso, con nombre y apellido, con vidas propias, con hijos e hijas, con familias, parejas o sin ella, con sueños, proyectos, ganas de vivir cada día. Mujeres de todas las edades a quienes la violencia feminicida y el feminicidio las alcanzó.

Hace unos cuantos años, menos de cinco, tal vez, aparecieron en el vocabulario las palabras feminicidio y violencia feminicida. Como sucedió en el país completo, Oaxaca no fue la excepción y resultó prácticamente inaceptable reconocer que el fenómeno de la violencia feminicida, como el feminicidio, existían y que cómo “autoridades” tenían responsabilidad.

Feminicidio, decían, pero por qué si Oaxaca no es Ciudad Juárez, allá si existe el feminicidio. Aquí no hay asesinos seriales, explicaban desde el gobernador hasta la entonces procuradora Libeth Caña Cadeza que iba así de desatino en desatino. Pero el destino pronto habría de alcanzarnos.

Al menos en el último lustro la cuenta de estos asesinatos, es decir, mujeres tiradas como basura en terrenos baldíos, acuchilladas afuera o dentro de su casa, camino al trabajo, en la carretera, mientras trabajaban o descansaban, mientras se divertían o estaban dormidas, señala que en promedio, una mujer es ultimada cada ocho días.

Ante la realidad poco o nada se hace. Frente a estos 563 casos, incluyendo los 14 cometidos en lo que va de esta año como señala el recuento hemerográfico de El Imparcial y Noticias, las únicas fuentes a la que tiene acceso hoy la ciudadanía frente al hermetismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, queda claro y debería quedarle claro a las autoridades que estamos frente a un hecho real de violencia feminicida y feminicidio.

El feminicidio, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, conlleva la ruptura del estado de derecho porque las instituciones de gobierno son incapaces de garantizar la vida de las mujeres de actuar con legalidad y hacer respetar las leyes, procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de estado.

Por eso llama la atención cuando Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procurador de Justicia del Estado y al mismo tiempo catedrático de la UABJO, señala que él no tiene responsabilidad de prevenir la violencia feminicida, como lo indicó molesto y hasta alterado en una reciente reunión de trabajo con las organizaciones a la que fui invitada como reportera. Pero la ley es clara, sin vuelta de hoja.

El procurador quien utiliza, incluso, un término racista, cuando apunta que siempre “le pegan al negro”, lo cual se suma a su carrera de errores, no admite responsabilidad en la prevención de los delitos que se cometen contra las mujeres. Pero bastaría con hacer un recuento, que resultaría largo, de los hechos no investigados, no perseguidos a lo largo de estos años en la Procuraduría que él dirige.

Claro que no es el único responsable, tendremos que mirar un tanto a todas las corporaciones policiacas donde para muchos policías la violencia contra las mujeres es un asunto “aceptable” y por tanto invisible.

Y, el mayor de los cuellos de botella, el Poder Judicial. Donde los hechos, casi siempre mal investigados por policías, hablan de un escaso número de hombres castigados por la comisión de estos delitos. Porque igual, hay la sensación misógina y sexismo que a lo único que conducen es a actos de impunidad.

Grave es, por ejemplo, que en la investigación hecha por la Comisión de Feminicidio, hace unos dos o tres años, ni siquiera pudieran (las instituciones) determinar cuáles de los homicidios reportados eran dolosos y cuáles culposos. Pero, como entonces, hoy no pueden aún hacer esa separación, porque ni la Procuraduría ni el Tribunal de Justicia del Estado, no logran ni quieren transformar sus sistemas, así que para ellos todo seguirá siendo lo mismo. La llamada perspectiva de género no les entra ni con chochos.

Un trabajo realizado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) revela que “las juristas opinan que el mayor problema está en la PGJE y en menor grado en el TSJE, los casos que llegan al Tribunal llegan con errores en la integración de las averiguaciones (corrupción y/o ignorancia, bajo nivel académico) y en el Tribunal se acaban de echar a perder (corrupción, sexismo), es decir, el problema de origen está en la Procuraduría. Los Ministerios Públicos alientan, presionan y en algunos casos amenazan a las mujeres víctimas para que otorguen el perdón a los victimarios o para que desistan de la denuncia contra sus victimarios (ahora lo hacen legalmente a través de la justicia restaurativa)”. Cuando la víctima puede contar este hecho, pero cuando no, podríamos pensar en la presión que se ejerce contra la familia de la víctima. Los testimonios sobran.

Además, no olvidemos a Frankenstein, me refiero a la ley que aprobaron los diputados y diputadas locales el pasado 26 de febrero, donde ni siquiera pudieron tipificar el delito de feminicidio con lo que, como han dicho las expertas, ayudaría a terminar con la impunidad de estos crímenes en México.

Por ejemplo, la abogada Bárbara Illán, integrante de Consejería y Consultoría Psicojurídica, criticó que más del 70 u 80 por ciento de las Leyes Generales no se aplican a favor de las mujeres y reconoció que con el feminicidio como tipo penal sería verdaderamente sancionado y seguido por las leyes y, además, se revelarían cifras alarmantes de estos crímenes por género en todo el país.

El problema, sin embargo, es la miopía institucional y los problemas personales que cada legislador o legisladora, cada funcionaria y funcionario asume cuando están frente a decisiones que tienen que ver con la vida de las mujeres. Su actuar, revela todas luces, que todavía les cuesta conceder a las mujeres todos sus derechos humanos.

Frente a estos hechos, tengo la sensación, la misma que tienen muchas otras ciudadanas de que los asesinatos de las mujeres es algo que no le quita el sueño a nadie, me refiero a quienes tendrían que actuar. Que como dice Norma Reyes Terán, titular del Instituto de las Mujeres de Oaxaca, los crímenes contra mujeres siguen siendo invisibles.

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