Foto: Emma Blancas/MujeresNet

Ciudad de México /MujeresNet.- Expertas y activistas urgieron al gobierno capitalino y federal a reconocer y proteger los derechos de las personas adultas mayores, pues de acuerdo con estadísticas, para el año 2030 dos de cada cinco habitantes del mundo se encontrarán en la vejez, esto durante el conversatorio "Por los derechos de las personas mayores en la Constitución de la Ciudad de México", que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2016 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Organizaciones civiles y privadas, academia y organismos públicos se reunieron para aportar sus inquietudes y propuestas que permitan la protección de los derechos de la vejez de cara a la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, y que se armonice con instrumentos legales internacionales como la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDPM).

Ana Gamble, coordinadora de gerontología del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) en la Ciudad de México, opinó que es factible desde el ámbito económico garantizar sus derechos, ejemplo de ello son los casi 7 mil millones de pesos anuales destinados a las pensiones alimentarias que recibe desde hace casi 16 años una población de más de medio millón de personas beneficiadas con este programa social.

Informó que se registra una migración de esta población a la Ciudad de México, que a su vez presenta un proceso de envejecimiento acelerado: cada año crece 3.4% y se duplica cada 19 años.

La especialista abundó que la esperanza de vida para hombres y mujeres es de 73.1 y 77.8 años, respectivamente, y las enfermedades con alto índice de mortalidad son la hipertensión, la diabetes mellitus, algún tipo de cáncer (neoplasia), insuficiencia respiratoria y renal, neumonía, entre otras. Padecimientos que son vividos como naturales debido a la edad, sin embargo, subrayó que ante este panorama es urgente que se hagan políticas públicas para que esta población tenga mejores condiciones de vida.

Además de la salud, también debe considerarse su inclusión en la participación comunitaria y social, ya que actualmente se encuentran invisibilizadas, opinó la antropóloga social María del Carmen Rangel, integrante de la asociación civil 16 Redes de Promotores por los Derechos Humanos en el Distrito Federal.

Propuso que atendiendo el objetivo de la CIPDPM sobre erradicar la discriminación, la Constitución de la Ciudad de México debe contemplar mecanismos que ayuden a crear ambientes libres de prejuicios sobre las personas adultas mayores, como facilitar casas de cultura donde se realicen actividades intergeneracionales y fomento del autocuidado; promover que las instituciones protejan los derechos de esta población y que se legisle para que obligatoriamente se incluya por lo menos a una persona de 60 años o más en las listas de comités vecinales, tareas en las que la participación del Estado, la comunidad y las personas adultas mayores son cruciales.

Adriana Luna Parra, integrante de Canas Dignas, lamentó que actualmente se minimice la experiencia de las personas adultas mayores y se valore sólo la fuerza y belleza física, lo que origina la discriminación y el maltrato, particularmente hacia las mujeres. Asimismo criticó que los cursos o talleres dirigidos a mujeres sean sobre tareas de cuidado: "Han sido cuidadoras eternas, no queremos que nos enseñen a ser mejores cuidadoras. Ya no queremos manualidades, queremos una educación integral de acuerdo a cada persona, un trabajo digno".

María de los Ángeles Fuentes, integrante del Comité de Derechos Humanos Ajusco A. C., opinó que la CIPDPM es importante, pues hace tres años era impensable que existiera y urgió al gobierno mexicano a tomar en cuenta en la Constitución de la Ciudad de México a esta población y sus demandas tales como la erradicación de la discriminación, el maltrato, la inclusión en la convivencia social, el derecho a la autonomía, a la privacidad, a la justicia, a la participación social y política, a la movilidad, a la recreación y cultura, entre otros.

En su intervención, Rocío Angélica Quintana Rivera, directora de agendas de la CDHDF, rescató que la CIPDPM obliga a que los estados rindan cuentas cada cuatro meses, además de que exige una armonización con las dependencias de gobierno y el sistema de peticiones en el que una organización de la sociedad civil o un/a particular puede denunciar o quejarse por la violación de alguno de los artículos de la convención. El reto, manifestó, es aterrizar este instrumento jurídico internacional en la Constitución de la Ciudad de México, de tal forma que las personas adultas mayores no sean invisibilizadas de nuevo.

Graciela Casas, maestra en trabajo social, rescató que la convención es producto de un trabajo hecho desde 1948, donde se comenzó a hablar de las personas de más de 60 años, pero fue hasta el 2003 cuando se realizaron conferencias regionales al respecto.

Aseveró que los cambios culturales tardan, por lo que no se debe claudicar y sí exigir al Estado mexicano que ratifique la convención, de esta manera al tenerse un marco jurídico, se comenzarán con los cambios sociales, expresó.

Las expertas coincidieron en que se deben crear observatorios en los que se revise que las personas adultas mayores usan los recursos económicos en sus necesidades y no en las de sus familiares, además de que urgieron una renovación de la visión de la vejez, y que el Estado ratifique la CIPDPM.

A este conversatorio acudieron organismos públicos como la CDHDF, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAP-DF), IAAM, la Fundación Mano Amiga a Mano Anciana, Fundación Tagle, 16 Redes de Promotores por los Derechos Humanos en el Distrito Federal, Comité de Derechos Humanos Ajusco A. C., Red de Adultos Mayores en el Distrito Federal A. C., Un Granito de Arena, Promoción Popular Integral A.C., Canas Dignas y Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, quienes acordaron redactar y presentar un documento técnico que ayude a armonizar la CIPDPM con la Constitución de la Ciudad de México, que será presentado el 8 de abril de 2016.