DICIEMBRE 2017

Reflexionan sobre impunidad frente a violencia feminicida

Fotos: Dulce Miranda/MujeresNet

Durante el foro, especialistas presentaron los resultados de sus trabajos de investigación, así como críticas y propuestas para frenar el aumento en casos de agresiones contra mujeres.

Ciudad de México /MujeresNet.- Con el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en búsqueda de su cumplimiento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el 30 de noviembre de 2017, en el Museo Memoria y Tolerancia el "Seminario sobre mujeres y acceso a la justicia"; el encuentro se enfocó en analizar el feminicidio desde distintas perspectivas, con la finalidad de reflexionar sobre la falta de justicia para las víctimas de este delito.

Al respecto, la Lic. Maribel Becerril Velázquez, directora de observancia del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, ofreció un panorama general sobre la normatividad en nuestro país, donde el componente de la impunidad potencia las consecuencias de delitos cometidos en contra de las mujeres.

Explicó las características del feminicidio, el cual radica en la privación de la vida de una mujer por razones de género y presenta características específicas como signos de violencia sexual, antecedentes de cualquier tipo de violencia entre la víctima y el victimario, incomunicación de la víctima previa a su asesinato, o exhibición del cadáver de la víctima. Sin embargo, para lograr la tipificación de "feminicidio", se deben comprobar estos supuestos, situación complicada en muchas ocasiones.

Destacó que la pena mínima impuesta a quienes cometan este acto en nuestro país es de 20 años, mientras que la máxima de 70; por otro lado, existen agravantes como la edad de la víctima, su origen étnico o su estado de salud, lo que demuestra la heterogeneidad de la tipificación del feminicidio en México, lo cual impacta a la hora de aplicar justicia.

La Dra. Karla Quintana Osuna, directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que en el continente americano, México es el país más condenado por la Corte Interamericana en materia de violencia de género: "Cuando alguien tiene un problema lo primero que debe hacer es aceptarlo", es decir, el Estado mexicano debe reconocer la incidencia de este problema social para crear estrategias de solución.

Durante su turno, la Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, abordó la historia de la lucha de las mujeres latinoamericanas para erradicar la violencia en su contra, región donde aún se presenta la tasa más elevada de muertes violentas de mujeres. Señaló que 7 de los 12 feminicidios ocurridos al día en América Latina son efectuados en México, sin embargo, no existen políticas para frenar esta ola de violencia e incluso es negada por representantes de distintas instituciones o bien, el desconocimiento de los instrumentos de defensa en el marco jurídico es una constante entre los encargados de impartir justicia, un modo de violencia simbólica imperante debido al sistema patriarcal.

La Mtra. Karla Michel Salas Ramírez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y abogada del caso Campo Algodonero, criticó conceptos marcados en la ley que son defendidos por grupos, incluso feministas, pero que no funcionan como es debido y deben ser renovados; para empezar, reconocer las diferencias entre violencia feminicida, feminicidio o violencia contra las mujeres, debe ser obligatorio para evitar discrepancias.

Asimismo recalcó que incluso en países con otro nivel de vida, como Finlandia o Suiza, las mujeres están siendo asesinadas en sus hogares, "nunca en la historia las mujeres hemos tenido tiempos de paz", por ello exhortó a realizar las preguntas adecuadas para obtener respuestas con impacto real en la solución a la violencia de género. También analizó la manera de juzgar los feminicidios en el territorio nacional; desde 2015 sólo se han sentenciado 169 casos de feminicidio, también se han limitado a considerar únicamente alrededor de cinco razones para calificar como feminicidio el asesinato de una mujer, además de utilizar un lenguaje técnico que facilita el abuso de poder durante los procesos legales aunado a la imposición de estereotipos de género incluso por parte de las autoridades.


En la segunda mesa de trabajo, la Mtra. Perla Myrell Méndez Soto, subdirectora de Observancia del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la CNDH, hizo énfasis en la impunidad social en torno a la violencia feminicida, que se caracteriza por la permisividad, justificación y tolerancia del delito. Aunque esta impunidad está prevista en 18 leyes para ser evitada, pocas veces se reconoce y considera para juzgar de forma adecuada a los perpetradores de los crímenes.

Agrego que de acuerdo con la Encuesta de Igualdad y no Discriminación de la CNDH (datos del 2015), solamente el 7% de los participantes no consideran la violencia como un problema grave. Asimismo, 40% reconoce que las mujeres viven violencia por su género, ese dato contrasta con el 60% de mujeres que admitió haber sufrido algún tipo de violencia en su vida, es decir, la percepción de la violencia está por debajo de la realidad. Por otro lado, sólo 2 de cada 10 mujeres afectadas denuncian ante las autoridades.

La Lic. Eva Gicela Ramírez Rodríguez, subdirectora de Estadísticas Sociales y de Violencia contra las Mujeres en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofreció una perspectiva estadística sobre los casos de feminicidio, una herramienta para dice&ntild;ar políticas públicas. De acuerdo con sus aportaciones, de 2013 a 2016 van 10,252 mujeres muertas por razones violentas, donde destaca un repunte en la tendencia de homicidios en contra del género femenino. Calificó el 2016 como el año con mayor cantidad de feminicidios, en este periodo Colima fue la entidad con mayor número de crímenes con el 16.9% del total, seguido por Guerrero, Morelos y Zacatecas. Respecto a la CDMX, aunque estuvo por debajo de la media nacional, llegó a su tasa más elevada.

Por último, enumeró las formas más frecuentes de privar de la vida a las víctimas, siendo la asfixia o sofocación las más comunes, lo cual muestra la intención de causar sufrimiento a través de la tortura.

El Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, miembro de El Colegio de México, recalcó la falta de claridad en las cifras sobre feminicidio, una dificultad para el establecimiento de soluciones al problema, de igual manera el manejo de datos por parte de las instituciones influye de manera directa; muestra de ello es la clasificación de las denuncias por violación, las cuales no se encuentran separadas por género, aunque se calcula que el 85% de éstas son casos de mujeres.

Habló sobre la Norma 046, una herramienta que debería ser implementada por el sistema de salud pública para identificar casos de violencia entre las mujeres que asisten a estos servicios, sin embargo, hasta la fecha ni el IMSS ni el ISSSTE ofrecen resultados al respecto por "no ser una obligación de la institución".

Por su parte, la Mtra. Tamara Deneb Medina Rubio, consultora en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, cuestionó el papel central otorgado a los datos en cuanto a los feminicidios, un pretexto para compararse con otras entidades o municipios y reducir los crímenes a un lugar en la lista de los sitios con mayor violencia de género. Por otro lado, los datos son manipulados la mayoría de las veces u ocultados para "no quedar mal" frente a la opinión pública.

También destacó el papel de la prensa frente a la visibilidad de los feminicidios; si bien pueden darlos a conocer, de igual manera restan importancia a muchos casos por no dar un seguimiento correcto. "Los casos se deben contar, no sólo contabilizar", afirmó la especialista.

Finalmente, la Lic. Valeria Durán de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presentó su trabajo periodístico "Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios", el cual consiste en un estudio a lo largo de toda la República Mexicana, sin el objetivo de revictimizar a los implicados. Durante el proceso, la periodista decidió dar voz a las víctimas y solamente considerarlas un número. Encontró que desde 2012 hasta mediados de 2016, 10,000 mujeres habían sido asesinadas en México, y aunque muchas de ellas presentaban signos claros de violencia extrema, sólo la mitad de los casos han sido considerados feminicidios.

Propuso que para enfrentar la problemática, se debe unificar el concepto de feminicidio en todo el país, pues estas diferencias en las definiciones promueven la falta de justicia. Agregó que durante su investigación descubrió discrepancias graves entre datos ofrecidos por las instituciones; tal fue el caso de Tamaulipas, estado que registró de manera oficial únicamente un feminicidio de 2012 a 2016, pero tiene un registro de 50 mujeres mutiladas en el mismo periodo de tiempo.

"El feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia", por eso se debe hacer visible en una fase inicial para evitar más muertes por esta causa, dijo.