NOVIEMBRE 2017

Dan voz a familiares de víctimas de feminicidio

Fotos: Dulce Miranda/MujeresNet

Personas cercanas a las desaparecidas y asesinadas en el país compartieron sus historias de vida para frenar este delito en aumento. Puebla, Veracruz y estado de México presentan un aumento notable en la desaparición de mujeres y niñas.

Ciudad de México /MujeresNet.- Dar voz a las familias de víctimas de feminicido y sobrevivientes de este delito, así como crear un espacio para denunciar las irregularidades, corrupción e impunidad por parte de las autoridades en la mayoría de los casos en que se ha cometido este crimen, fueron los objetivos del foro "Los rostros de la impunidad: violencia feminicida en la Ciudad de México", realizado el 22 de noviembre de 2017 en el hotel Imperial por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

La Lic. María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, explicó que la finalidad del encuentro no fue revictimizar a las mujeres sobrevivientes de este delito, sino ofrecerles la oportunidad para dialogar con la sociedad organizada y tratar de entender por qué este problema continúa a la alza y no existe una solución a nivel nacional. Reveló que en lo que va del año se han asesinado a 800 mujeres en 13 estados de la República, sin embargo, se estima que podrían ser más pues entidades como Michoacán y Guerrero no revelan datos al respecto. De esta cifra sólo 49% de los casos se han investigando como feminicidios.

Agregó que algunos de los rasgos característicos de los feminicidios son la asfixia, quemaduras, violencia sexual y privación previa de la libertad. Recalcó que en 12 estados se ha decretado la alerta de género, pero poco ha impactado en la reducción de casos. De acuerdo con sus observaciones, Puebla, Veracruz y estado de México presentan un aumento notable en la desaparición de mujeres y niñas, por ello, proponen focalizar las acciones preventivas a estas zonas. Recordó que el Estado mexicano está obligado a la debida diligencia y la perspectiva de género marcada en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el artículo 7B de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, pero que la mayoría de las veces no son aplicados debido a la falta de voluntad política, la corrupción y la negligencia.

Por otro lado, la Lic. Sayuri Herrera, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C., habló sobre la solicitud presentada el 7 de septiembre para activar la alerta de género en la Ciudad de México (CDMX) debido a las estadísticas registradas recientemente; "la preocupación que tenemos es por la inacción... sobre todo por no juzgar a quienes cometen los asesinatos", agregó la ponente. También mencionó las faltas más comunes durante los procesos penales, tales como la ausencia de protección a testigos, la contaminación o pérdida de evidencias y la aplicación de sanciones poco severas para los feminicidas, presentados en muchas ocasiones como "víctimas".

Durante su turno, la Lic. Nayeli Ortiz, abogada de Justicia Pro Persona A.C., habló sobre las características de la alerta de género solicitada para la CDMX y recordó que la activación de este mecanismo no es cuestión de promover algún partido político o campaña electoral, sino de visibilizar la gravedad y frecuencia del delito, asimismo calificó la alerta de género como "una gotita" en el camino para erradicar el sistema patriarcal.



Más tarde, las madres de mujeres asesinadas y sobrevivientes de tentativa de feminicidio compartieron sus experiencias con el objetivo de exigir respuestas a las autoridades, pero sobre todo, para evitar la repetición de este tipo de crímenes. Araceli Mondragón, madre de Abigail Guerrero, enumeró las irregularidades en el caso de su hija víctima de feminicidio en Tlalpan, donde los peritos encargados realizaron el levantamiento del cuerpo de la joven antes de tiempo, además de "desaparecer" unos condones, prueba clave en las investigaciones. "Jamás en mi vida pensé vivir lo que estoy viviendo ahora, mi hija dejó muchas cosas inconclusas, no es justo y quiero que las autoridades lo entiendan", comentó.

Mónica Borrego, madre de Yang Kyung María Jun Borrego, narró que tras el asesinato de su hija fueron notificados de un supuesto suicidio; "la autoridad se basa en la ignorancia de uno para actuar con impunidad", dijo al respecto. Tras siete meses de Investigaciones independientes, la familia de la joven descubrió la violencia que Yang Kyung vivía al lado de su pareja, Jorge Humberto Martínez conocido como el "Matanovias". "Me sorprende que el caso se haya repetido, la fiscalía no ha tipificado el caso de mi hija como feminicidio, seguimos en la lucha". También exhortó a otras madres a acercarse a este tipo de foros para obtener información y apoyo durante el proceso de búsqueda de justicia.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, dijo que pese a la supuesta ineficacia de la alerta de género, la solicitud de su declaración es legítima, sin embargo, las mujeres no son sujetas de derecho en este país, aseguró. Hizo hincapié en la labor de las personas que han vivido la pérdida de un familiar, quienes se convierten en las responsables de hacer visibles las irregularidades e impunidad alrededor de los hechos y a través de cualquier medio con el fin de evitar nuevos feminicidios; en este sentido, mostró su interés por hacer público el expediente de la investigación del asesinato de su hija luego de que el caso sea resuelto.

En una segunda mesa, Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida desde 2004, rememoró los hechos del supuesto secuestro de su hija, quien fue entregada por uno de sus compañeros universitarios a un grupo delictivo. Luego de tres días sin noticias de Mónica sus padres recibieron mensajes de texto donde les solicitaban una suma de dinero para volver a ver a su hija con vida. Tras una investigación por su cuenta, la familia de la joven obtuvo información sobre los delincuentes y acudió con las autoridades; luego de seis meses la Agencia Federal de Investigación (AFI) abandonó el caso, el cual no ha sido resuelto hasta la fecha.

Celina Guillén, madre de Mariana Mercado Guillén, desaparecida desde marzo de este año, expresó la indiferencia por parte del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), primera instancia donde se acude para localizar a alguien desaparecido. Como la mayoría de casos, Celina Guillén investigó sola los hechos sobre la desaparición de su hija. "Nadie sabe el dolor de perder un hijo, la incertidumbre, el no dormir... ni así una mamá baja la guardia", agregó esta madre que desde hace nueve meses no tiene noticias de su hija.



Al respecto, Nayeli Ortiz remarcó la falta de maneras eficientes de búsqueda de personas desaparecidas en la CDMX, territorio de captación, destino y tránsito de mujeres por trata, problema invisibilizado en la entidad y por lo tanto permitido e incluso apoyado por autoridades.

Consuelo Salas Martínez, madre de Victoria Pamela Salas, presuntamente asesinada en septiembre por su entonces novio, expresó el aprovechamiento del duelo como un momento para olvidar el caso o modificar las evidencias; agregó que su hija ha sido señalada como drogadicta y vendedora de estupefacientes, acusaciones desmentidas a través de pruebas. Aunque después de dos meses el supuesto feminicida de Victoria ya ha sido fichado por la Interpol, continúa sin ser detenido.

Nancy Hernández, hermana de Wendy Hernández, asesinada en Xochimilco luego de asistir a una fiesta, señaló que el cuerpo de la joven fue colocado en un sitio donde no ocurrió el crimen, además de que fueron rechazadas evidencias fundamentales y se negaron los signos de violencia sexual causados por el feminicida. "En la carpeta no ha habido avance, hay tres líneas de investigación"; uno de los posibles culpables es el ex esposo de la víctima, quien ha recibido permiso para consultar la carpeta, una manera de protegerlo y darle ventaja, explicó Nancy Hernández.

Finalmente, Carolina Ramírez Suárez, defensora de derechos humanos y sobreviviente de intento de feminicidio hace tres años, reflexionó sobre el riesgo que todas las mujeres corren en este país por el simple hecho de tener "cuerpo de mujer". En su caso, tras buscar justicia por su cuenta consiguió dar su declaración a un ministerio público tan sólo unos minutos antes de ser intervenida quirúrgicamente debido a las lesiones causadas por su agresor.

Durante su recuperación inició una red acompañada de organizaciones civiles y colectivos para hacerse justicia, pese a ello, las autoridades se negaban a considerar los elementos de género. "Nos atraviesa una cultura machista que no hemos podido arrancar"; asimismo destacó la pérdida de recursos económicos durante este proceso y la desestimación del tipo penal del feminicidio con la que se ha topado durante todo su camino, el cual no ha concluido pues la sentencia no ha sido ejecutada.

De acuerdo con información del INEGI, la zona centro del país integrada por la Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia en homicidios violentos de mujeres al contabilizar 8,065, lo que representa 35% de la incidencia nacional entre los años 2007 a 2016.