Periodista feminista con Maestría en Estudios de la Mujer (UAM) y especialización en Estudios de la Mujer por el PIEM de El Colegio de México.
Las mujeres hemos tenido que pelear por el reconocimiento y protección de cada derecho, nos explica la columnista, porque el patriarcado ha legalizado la desigualdad, la violencia y la discriminación. De ahí la importancia de conocer las leyes, para poder mejorarlas.
Mientras que, por un lado, se conmemora el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 como el pacto político-jurídico más importante para el país, por otro, quienes deben cumplir -antes que nadie- y vigilar su cumplimiento, creen que "Las leyes, como las mujeres, se hicieron para violarlas".
Así lo expresó en 2014, el exdiputado local priista y hotelero chiapaneco, Alejandro García Ruiz, [1] quien, al disculparse por esas palabras, argumentó que las había retomado de José Manuel Castelao, presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, [2] hecho por el cual renunció al cargo. [3]
Según esas dos eminencias, lo que quisieron decir es que las leyes no sirven; o mejor dicho, igual que las mujeres, pueden pisotearse. Esa comparación es un refrán de aquellos propagados por voces anónimas y que se consideran sabiduría popular, experiencia probada y enseñanza cotidiana.
A pesar de que esos comentarios se dijeron años atrás, se siguen replicando de diferente forma: las leyes -dicen las voces populares- son complicadas, están plagadas de tecnicismos, tienen "lagunas" (imprecisiones) profundas, se interpretan a modo; las instituciones responsables -o sea, el poder judicial- cuentan con una infraestructura deficiente y están llenan de laberintos burocráticos para aplicarlas y acceder a la justicia. Entonces, nadie considera importante conocerlas ni usarlas ni difundirlas.
Comparar la violación de las leyes con la violación de mujeres no es causal. Las normas nunca han sido neutrales al género. Las leyes las hicieron los hombres quienes no solo relegaron nuestros derechos sino que normaron las creencias, tradiciones, ideas y prejuicios sobre la inferioridad de las mujeres, su superioridad y la naturaleza de ambos. Es decir, legalizaron la desigualdad, la violencia, la discriminación.
Pese a que desde principios del siglo pasado existía un fuerte movimiento feminista que peleaba por el derecho a votar y ser electas, los constitucionalistas de 1917 dejaron tal cual el artículo 34 de la carta abrogada (la de 1857); solo respetaron la ciudadanía de los mexicanos, no la de las mexicanas, la cual fue reconocida 36 años después.
Como el anterior, uno a uno, hemos tenido que pelear por el reconocimiento y protección de cada derecho, tanto en el marco jurídico a nivel internacional, como federal, estatal y municipal. La mayoría de las feministas reconoce que los avances principales para las mujeres se han dado en las leyes; no obstante que cada vez más aparecen nuevos obstáculos para acceder a la justicia y otras demandas que necesariamente se vinculan con los marcos normativos.
Igualmente, los hombres se sienten abusados, violados, por esas reformas impulsadas: "Las mujeres ya tienen más derechos", "Las leyes le dan preferencia a las mujeres", "Es un abuso darle un lugar (candidatura) a una mujer que no tiene carrera política en lugar de un hombre preparado", "A los hombres nos discriminan". Así han reaccionado porque se consideran propietarios de la ley, de sus leyes, del Estado.
De hecho, el patriarcado necesitaba de las leyes para legitimarse. Por eso aún hay preceptos contrapuestos a otros mandatos superiores, a pesar de que las realidades han cambiado. [4] En los bandos de Policía y Gobierno de varios municipios (por ejemplo, el de Islas Mujeres, Quintana Roo, y de Mazamitla, Jalisco) todavía se prohíbe la entrada a las cantinas a las mujeres, junto con las personas uniformadas y menores de edad.
Del mismo modo, los grupos conservadores, de derecha y religiosos han logrado que se proteja el derecho a la vida desde la concepción en 18 constituciones estatales. Esas reformas criminalizan a las mujeres que decidan abortar, aunque hayan sido violadas u obligadas a embarazarse.
Eso se quería hacer en la nueva Constitución de la Ciudad de México, la cual entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018; sin embargo, las propuestas no prosperaron, y ahora esta carta será una de las más avanzadas en el país en derechos humanos de las mujeres.
En México, las dos leyes más importantes en esa materia son la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la primera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006; la segunda, el 1 de febrero de 2007.
Ambas, con una década de vida, son poco conocidas por la mayoría de las mujeres; incluso, por impartidores de justicia y servidoras y servidores públicos, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Bueno, ni siquiera se conocen la Constitución mexicana, las de los estados ni los bandos de policía y gobierno; las leyes generales, federales ni estatales; los códigos penales ni civiles; los reglamentos ni normas oficiales. ¿Para qué, si son "letra muerta"?, se insiste.
Existe la idea de que para que haya cambios, más que hacer leyes, se tiene que transformar la cultura, acabar con el patriarcado y educar de otra forma. Es lo mismo que piensa la Real Academia Española que critica al lenguaje incluyente: no hay que forzar los cambios, todo debe ser de manera natural.
Todo este panorama impide valorar la función principal de las leyes: la protección de derechos y el acceso a la justicia. En un Estado laico, la ley es el principal pacto político que garantiza la pluralidad y la libertad de las personas. Son medidas a corto y mediano plazo que no se contraponen con los cambios culturales y sociales, de largo y sostenido plazo. No se olvide que las leyes escritas y no escritas -como los usos y costumbres- forman parte de la cultura; no son entes separados.
Con las leyes, no tiene por qué apelarse a la voluntad política de las y los gobernantes para que instrumenten políticas públicas para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres; simplemente, deben acatarlas. Esto es más fácil que esperar a que se sensibilicen, tomen conciencia o se comprometan con las mujeres.
Pese a las lagunas (más bien parece océanos) legales, es importante conocer las leyes; solo así podemos cambiarlas, mejorarlas. Las leyes son letra muerta porque se les tiene que dar vida; no sirven por sí solas porque son herramientas que deben aprender a manejarse. La información es poder.
Referencias:
[1] http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/09/las-leyes-como-las-mujeres-se-hizo-para-violarlas-ex-diputado-del-pri/ .
[1] http://elsemanario.com/74794/conapred-investiga-ex-diputado-alejandro-garcia-ruiz/
[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20121005/54351667218/cargo-pp-leyes-son-como-mujeres-estan-violarlas.html
[1] Se puede revisar la información en este link: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-desigualdad-de-genero-nace-desde-las-leyes-estatales/



