México, D.F. /MujeresNet.- A pesar de que en la mayoría de los estados existen causales para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las autoridades ponen obstáculos para que las mujeres ejerzan su derecho, denunciaron diferentes representantes de organizaciones civiles durante la mesa "Aspectos sociales de la despenalización del aborto en México", como parte del foro "Por el derecho a decidir", realizado el 24 de septiembre de 2015 en el Senado de la República.

Elsa Conde, integrante de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR), habló sobre la intervención con recursos inconstitucionales por parte de los grupos de derecha en la modificación en las constituciones de 17 estados sobre la ILE como una reacción a partir de la despenalización en el Distrito Federal en el 2007; quienes bajo el argumento de la protección de la vida desde el momento de la concepción, violentan los derechos de las mujeres.

Recordó que integrantes de todas las bancadas partidarias votaron en contra de los derechos de las mujeres y acusó que toman a ILE como una "bandera política". Conde sentenció que si la cúpula de derecha sigue interfiriendo en los estados, no se avanzará en la ILE.

Rebeca Ramos, coordinadora de políticas públicas, legislación e investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se refirió a los casos de denuncias contra mujeres por abortar y sostuvo que el tema se toma desde lo penal y no como un asunto de salud pública pese a que en el país existen diferentes causales para la ILE (violación, 32 estados; peligro de vida, 24 estados; alteraciones genéticas, 16; por cuestiones de salud, 14; terminación artificial, 3; causas económicas, 2; voluntaria, 1.), y existen obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho.

Aseveró que a pesar de los instrumentos internacionales y las recomendaciones hechas a México, las autoridades locales no las cumplen.

Denunció que hay violaciones a los derechos de las mujeres que tuvieron abortos espontáneos y que existían prejuicios en los que intervinieron principalmente la Secretaría de Salud, así como procuradurías y tribunales de Justicia: de 1992 a 2007, antes de las reformas constituciones locales, el número de mujeres procesadas o encarceladas por interrumpir su embarazo era de 62. De 2009 a 2011 el periodo anual subió a 226, es decir, se cuadriplicó la cifra a partir de las reformas.

Añadió que hay una constante en los casos de criminalización de mujeres: la prueba confesional es única que la aplicaron para determinar si tomaron medicamentos o no para provocar el aborto.

Finalmente, Mayra Zamaniego, psicóloga feminista y colaboradora en incidencia política y formación de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, mencionó los efectos de la inexistencia de políticas sobre la aplicación de causales sobre aborto en los estados. Guerrero, que tiene más causales, sin embargo ocupa el primer lugar en mortalidad materna por encima de la media nacional; el 83% de los abortos son clandestinos. "Debe haber leyes que ayuden o coadyuven a que las causales se realicen", sentenció.

Dijo que además de la jurídica, existe una penalización social a través de mitos o estereotipos vinculados al aborto, ya que la sexualidad de las mujeres está relacionada con la maternidad y si abortan, transgreden. Además de la ignorancia sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El contexto de pobreza, la falta de educación, la condición indígena y la edad son factores que predisponen a un aborto inseguro. "No es un hecho aislado, sino la falta de educación sexual y métodos anticonceptivos", informó.

Ante este panorama, recomendó brindar información clara y objetiva, difundir las causales de la ILE, realizar campañas que reduzcan el estigma social, investigar y sancionar a los funcionarios que no apliquen las causales y criminalicen a las mujeres, además de una educación y formación del personal de salud. Es obligación del Estado garantizar la ILE, finalizó.