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Gobiernos de BC, Guanajuato y Michoacán minimizan feminicidios para evitar AVG: activistas



Foto: Emma Blancas/MujeresNet

Por Emma Blancas

Se ha desvirtuado el propósito de las AVG, acusan, ya que los gobiernos piensan que es un castigo y no una oportunidad para corregir sus omisiones.

México, D.F. /MujeresNet.- Pese al aumento de feminicidios en los estados de Guanajuato, Michoacán y Baja California (BC), los gobiernos estatales no han activado las Alertas de Violencia de Género (AVG), por el contrario, han minimizado la importancia del problema, llevando la atención a otros asuntos políticos como las elecciones, denunciaron integrantes de las asociaciones "Las Libres", "Humanas sin violencia de Michoacán" y la "Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos".

Durante la conferencia realizada el 24 de marzo de 2015 en el Museo de la Mujer, las activistas explicaron los procedimientos que realizaron en sus estados para presentar las solicitudes de AVG, algunas hechas desde el 2014, sin obtener una respuesta que ayude a salvaguardar la integridad de las mujeres en esos estados.

En Baja California se registraron 40 desapariciones y 27 feminicidios en lo que va del año; 90 casos fueron reportados en 2014 y 75 en 2013, y en 2012 la entidad ocupaba el quinto lugar en feminicidios, informó Liliana Sevilla, ex directora de Inmujer de Tijuana. Además, denunció que los asesinatos y desapariciones no sólo afectan a las mujeres, sino también a niñas/os que son asesinadas/os junto con sus madres.

La AVG en Baja California, presentada el 27 de enero de 2015, es la primera en incluir a toda la diversidad de mujeres y aunque no hay una cifra oficial sobre los feminicidios a mujeres trans, se calcula que hay 30 casos de 2013 al 2014, así lo reportó Rubí Juárez, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.

La también integrante de esta ONG, Nancy Bonilla, sostuvo que el gobierno estatal no ha querido activar la AVG porque se preocupa más por desmentir los feminicidios que solucionarlos, y soslaya la importancia de este mecanismo para salvar a las mujeres.

"Humanas sin violencia de Michoacán" demandaron que las investigaciones de feminicidios en la entidad deben ampliarse y realizarse cabalmente, ya que las existentes no son veraces, reportó Lucero Circe, integrante de la asociación.

En este sentido detalló que las formas en que asesinaron a las mujeres son por armas de fuego, esto por la clandestinidad en el manejo de las mismas; además de decapitaciones y desollamiento no sólo en mujeres jóvenes sino de todas las edades, sin embargo, aún no hay una evidencia sobre la relación entre el crimen organizado y los feminicidios.

La AVG fue presentada el 16 de diciembre de 2014, las autoridades tenían que haber emitido su respuesta a más tardar en febrero del presente año, pero aún no ha dicho nada, en cambio, la cifra subió a 20 feminicidios en lo que va de 2015, denunció Lucero Circe.

Ante la ausencia de recomendaciones "Humanas sin violencia de Michoacán" hizo las propias entre las que destacan: la creación de un sistema que prevenga, sancione y erradique la violencia contra las mujeres; una armonización jurídica; el establecimiento de una ley estatal de acceso de las mujeres a una vida de violencia; la tipificación de feminicidio y no la de homicidio por razones de género, aprobada recientemente en el código penal. La implementación de una capacitación con perspectiva de género efectiva y continua; así como de un protocolo para investigar feminicidios por parte de la procuraduría; asignación de presupuesto para que se actualicen las cifras, y dar seguimiento a casos que rebasan los dos años de antigüedad para que no queden impunes.

En el caso de Guanajuato, Verónica Cruz, de la asociación "Las Libres", informó que el 20 de marzo de 2015 se cumplió un año de la solicitud de AVG y a la fecha no ha hecho nada. Por el contrario, la cifra de feminicidios aumentó: había 12 casos al momento de solicitar la AVG en 2014, en 2015 se han documentado 70 feminicidios, 68 en 2014 y el año más violento registrado por la asociación ha sido 2013 con 73 feminicidios.

La feminista guanajuatense exigió que el gobierno estatal, en específico la Conavim, explique en qué se han invertido los 20 millones de pesos destinados para las solicitudes o los procesos de las AVG.

Además la activista reportó que el gobierno guanajuatense no cumplió con las 13 recomendaciones, sólo lo hizo parcialmente en algunas, por ejemplo, aumentó la edad en las penas en caso de menores que cometen violación, pero no quitó el tipo penal de estupro.

Se solicitó que pusiera el delito de violencia familiar como un delito grave y no lo hizo, sí quitó el término de intrafamiliar pero no lo tipificó como grave y que no se siguiera de oficio, cambio fundamental: la mayoría de los feminicidios tienen origen en la violencia familiar que no se sanciona, abundó Verónica Cruz.

Por otra parte, fortaleció la ley general de violencia pero no así la estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia porque las AVG son un mecanismo exclusivo para las mujeres.

Asimismo, todos los órdenes de gobierno de los tres poderes tenían que mandar mensajes de "cero tolerancia a la violencia contra las mujeres", pero el gobernador entendió que con decirles el 8 de marzo a todos los alcaldes que debían hacerlo ya se cumplía la recomendación. En seis meses no hubo ni mensajes ni acciones, por el contrario, se evidenció la violencia como el caso de la agresión del alcalde de Silao a una reportera, expresó.

Sobre las acciones emprendidas entre gobiernos estatales e Inmujeres, Verónica Cruz criticó que ONU, Inmujeres y Gobernación no han hecho su trabajo en materia de violencia feminicida, pero se convierten en cómplices de los gobernadores para minimizar e invisibilizar el problema y evitar las AVG.

Por su parte, Lucero Circe opinó que los convenios entre el gobierno de Michoacán e Inmujeres no disminuyen la violencia porque la desconocen, además de que quieren poner la atención en otros temas y minimizar los feminicidios a través de la participación política de las mujeres, para demostrar que sus derechos no se violentan, pero ignoran que la mayoría de las presidentas municipales y funcionarias fueron asesinadas o encarceladas.

Estas acciones demuestran que el gobernador refuerza su discurso de indiferencia ante la violencia contra las mujeres y que no tiene que ver con una administración estatal, sino con una política pública inexistente en México, coincidieron todas las activistas.

Además, añadieron, se ha desvirtuado el propósito de las AVG: los gobiernos piensan que es un castigo pero es una oportunidad para corregir sus omisiones en cuanto a derechos de las mujeres y actuar para que se erradique la violencia.

Las ONG de Baja California aguardan la respuesta del grupo de trabajo el 17 abril de 2015. En el caso de Michoacán sigue en espera y de Guanajuato, Verónica Cruz informó que el grupo de trabajo tiene el informe para declarar si se emite o no la AVG. "Todas las partes tenemos claro que el gobierno no cumplió y lo que toca es declarar la AVG para generar acciones urgentes y medidas extraordinarios para prevenir la violencia contra las mujeres", finalizó.






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