México, D.F. /MujeresNet.- Con el objetivo de que la academia y la sociedad civil unan esfuerzos para exigir al Estado mexicano que garantice a las mujeres una vida libre de violencia, se realizó el foro "Violencia feminicida y alertas de violencia de género" el 4 febrero de 2015 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) UNAM.

Dividido en dos mesas de discusión, este programa fue organizado por el grupo Académicas en Acción Crítica Permanente con la finalidad de analizar de manera interdisciplinaria el concepto de violencia feminicida y la figura de la alerta de violencia de género, además de discutir las solicitudes y los mecanismos de investigación sobre la implementación de las alertas de violencia de género interpuestas por Guanajuato, Morelos, Estado de México y Chiapas.

En su participación Lucía Melgar, investigadora independiente sobre conceptos y prácticas de violencia, aseguró que la violencia ejercida contra las mujeres es estructural, institucional e institucionalizada porque al igual que en otros estados, los feminicidios no importan, aunque la palabra "impunidad" esté en boca de todos, a lo largo de 20 años se ha demostrado que "está vacía".

Los feminicidios no es sólo un asunto de mujeres, este delito es un agravio al estado de derecho y a la sociedad, por ello es importante que toda la sociedad se preocupe por la violencia, ya que si se continúa ignorando, se generará más impunidad, sostuvo la académica.

En el caso de las Alertas de Violencia de Género (AVG) no se refieren sólo a los feminicidios, sino a cualquier abuso contra los derechos de las mujeres, por ejemplo: Tlaxcala, donde no hay una AVG por feminicidio, debería de existir por los altos índices de trata de personas, aseguró la también integrante del consejo consultivo de Debate Feminista, aunque aseguró, de nada sirven los múltiples mecanismos para castigar el feminicidio y cualquier tipo de violencia si no se aplica a cabalidad.

Sobre la impunidad, la profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Mariana Berlanga, sostuvo que haberla dejado crecer en la década de los 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua, tuvo como resultado el desplazamiento de la violencia en todos los ámbitos y que se está convirtiendo en un elemento pedagógico donde los jóvenes aprenden que la violencia es la forma en que se sobrevive y se tiene poder.

Berlanga aseguró que esta violencia se refleja en los feminicidios cuando las autoridades cuestionan la vida sexual de la víctima para determinar si es o no culpable, incluso, aseguró, a las madres de las perjudicadas se le estigmatiza por la forma en que educaron a sus hijas, prácticas que no se han podido romper con las leyes y no lo serán hasta que haya una participación ciudadana que presione a las autoridades a cambiar la conciencia y estar alertas ante la situación.

Por su parte, Lucía Núñez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), opinó que a pesar de existir una ley que pena el delito del feminicidio, ésta es inoperable por falta de una tipificación y porque el sistema penal de México es clasista, racista y sexista.

En la segunda mesa: "Metodologías para la investigación de la violencia feminicida y solicitudes de alertas de violencia de género", Cynthia Galicia, de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que no hay un programa que combata la violencia contra las mujeres, la inexistencia de un sistema de información que evalúe los avances sobre la eliminación de las agresiones, sumado a la falta de capacitación de operadores jurídicos para abordar la violencia de género.

Sobre las AVG aseguró que se deben entender como un dispositivo no sólo contra los feminicidios, sino contra cualquier práctica que atente contra las mujeres como la trata y el aborto clandestino. Dijo que este mecanismo es usado por las organizaciones sociales y por lo tanto se les debe de asegurar su derecho de audiencia, asimismo, recalcó que entre la academia y la sociedad civil deben de trabajar juntas para frenar y erradicar la violencia contra la mujer.

En el caso de la solicitud de la AVG interpuesta por Guanajuato, Yessica Ivett Cienfuegos y Rosalba Vázquez de la Universidad del estado, refirieron que la metodología es complicada a la hora de practicarse debido a las interpretaciones, además en su investigación encontraron que la AVG se le toma como un proceso no transparente y sin investigaciones profundas; sugieren que la metodología debe de cuestionar a todas las instituciones en diferentes niveles y que la academia ofrezca definiciones sobre feminicidios para que no exista obstáculos para aplicarla.

Pidieron que las AVG dejen de tomarse como un atentado contra el Estado, que tendrán "efecto colaterales fuertes", disminuiría el turismo, además de que se crearía un ambiente de miedo entre la población; exhortaron a tomar a la academia como alguien que pueda aportar al tema y no sólo "para validar procesos", enfatizó Rosalba Vázquez.

Sobre las omisiones del Estado, Verónica Cruz, de la asociación civil "Las Libres" de Guanajuato, denunció que el gobierno estatal no cumplió con las 13 recomendaciones hechas y que la ley "no ha sido efectiva para ninguna mujer". Sostuvo que el miedo político que existe sobre las AVG es lamentable, ya que éstas han servido para realizar las investigaciones.

Aunque el Estado reconoció la violencia feminicida, aún falta sensibilizar verdaderamente sobre el tema, cuestión que ha sido aprovechada por las consultorías que significan altos costos, pero que "en 20 años no ha habido resultados"; la activista pidió que fueran los académicos de la universidad estatal quienes impartieran una especialización y no un curso.

Paloma Estrada, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, reveló que en su investigación se contabilizaron 530 feminicidios desde el 2000 hasta el 2013, en 32 de los 33 municipios de la entidad, además realizó una serie de cuestionamientos a las autoridades sobre la violencia feminicida, de las cuales la mayoría fueron negativas o existían contradicciones, por lo que se hizo la solicitud de AVG que obtuvo como respuesta 15 recomendaciones, sin embargo, no se emitió una sobre la erradicación de la violencia feminicida y es fundamental: si no hay recomendación, qué sentido tiene la AVG, denunció Estrada.

Además, recalcó, en las recomendaciones no se habla de sanciones a funcionarios omisos y que revictimizaron a las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos nacional y la estatal no emitieron informe, a pesar de que formaron parte del equipo que analizó la solicitud, y se les negó a la organización su derecho a audiencia.

María de la Luz, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), lamentó que la situación que vivió en Ciudad Juárez en los 90, ahora esté sucediendo en el Estado de México porque a los casos de feminicidios se les da carpetazo sin investigar: "estamos viviendo una drama grave en la impartición de justicia".

Dijo que mientras se cambia la conciencia en los funcionarios, debe de sancionarse cualquier violación a los derechos de las mujeres: "Es un país en donde sistemáticamente se violan los derechos y no pasa nada". Evidenció la misoginia perenne en las autoridades del Estado de México: las víctimas de feminicidios eran culpables por sus "valores morales".

La también coordinadora del Área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir expresó que las AVG se han desvirtualizado como mecanismo de emergencia para sancionar los actos de violencia; y aseguró que las políticas públicas actuales no funcionan, por lo que se deben evaluar y realizar las investigaciones con imparcialidad porque lo único que se necesita es voluntad política, ya que se tiene información del modus operandi de la violencia feminicida.

Para finalizar el foro, Martha Figueroa, abogada feminista y activista en Chiapas, comentó que la solicitud de AVG en la entidad se hizo por violencia estructural feminicida como falta de "servicios" para las mujeres, además de la trata.

En la investigación que se realizó para solicitar la AVG en el estado se encontraron más de mil 1600 delitos graves y sólo 36 obtuvieron órdenes de protección, 3 casos con una de éstas terminaron en feminicidio, ante esto la abogada resaltó la incapacidad de las autoridades de entender los términos de la ley y mencionó las acciones ciudadanas inscritas en la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, con la cual se visibiliza el número de los feminicidios a través de performance, informó la también integrante del OCNF.

Pero la acción no sólo debe quedar en campañas, debe castigarse a los feminicidas, se debe "judicializar y responsabilizar al Estado y acompañar a las víctimas durante el proceso. Las mujeres no somos un sector, somos más de la mitad de la población y madre de la otra mitad", finalizó.