México, D.F. /MujeresNet.-Con el propósito de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) a siete años de su entrada en vigor, se llevó a cabo un conservatorio homónimo el 12 de noviembre de 2014 en la Cámara de Diputados, donde legisladoras y expertos debatieron sobre los avances y pendientes en la materia.

En este evento, organizado por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres; se discutieron las órdenes de protección, la armonización de la normativa y alertas de género en las leyes estatales, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Martha Lucía (Malú) Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, señaló que hay grandes inequidades en el Estado por la falta de voluntad política para que se logre un cambio, debido a la misoginia tan arraigada en el sistema jurídico del país, por ello llamó a discutir sobre las leyes que frenen al feminicidio.

En su intervención, Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reveló que de 58 mil casos de violencia de género en 16 estados, sólo 7% tuvo órdenes de protección.

Mayela García, representante del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (CIDEM), resaltó que la LGAMVLV debe dar un catálogo amplio de medidas de protección y medidas cautelares, además de que se cree un registro de aceptación o negación de solicitudes de órdenes de protección y se fortalezcan lo concerniente a la reparación del daño.

Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR, señaló que las órdenes de protección quedaban sin efecto a través de amparo porque la LGAMVLV no fue enlazada con el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, por lo que algunas mujeres que fueron víctimas de violencia no pudieron recibir protección.

Sin embargo, reveló que a partir del 24 de noviembre el Ministerio Público de la Federación podrá mandar las órdenes de protección, otorgarlas e instrumentarlas, además de hacer que se queden vigentes para la protección de las mujeres a nivel federal.

Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, denunció que son tardías, complicadas e inaccesibles para la mayoría de las mujeres: "En lo que dictaron la orden de emergencia, ya se consumó la agresión irreparable contra la mujer". Pidió que sean inmediatas ya que el tiempo es fundamental para garantizar la vida y seguridad de las mujeres.

En lo referente a la armonización de las leyes, los expertos subrayaron en la necesidad de revisar los conceptos de violencia, feminicidio, los tipos y modalidades que recientemente se han documentado para garantizar la seguridad y vida de las mujeres.

Yuridia Rodríguez resaltó que se deben de considerar lo nuevos conceptos sobre los tipos o modalidades de violencia basados en las interpretaciones de los organismos internacionales, en este sentido, se refirió a la violencia familiar que sólo considera a la pareja de la víctima pero omite a los familiares que de igual manera infligen violencia sobre ella. De esta manera, dijo, al darles a los operadores jurídicos una definición adecuada, se dejará menos a su interpretación y por lo tanto la revictimización de las mujeres disminuirá.

Coincidió con ella la representante del CIDEM, quien señaló la importancia de añadir la violencia en el noviazgo y la obstétrica, además de que las investigaciones sobre violencia contra las mujeres sean de oficio.

De no existir claridad en los conceptos, no hay una homologación de la ley nacional con la estatal, ya que se defiende bajo el principio pro persona y no por el de las mujeres. Aunque esta ley significó un precedente a nivel mundial, es de suma importancia su homologación y la puntualidad para que no haya sesgos en la interpretación, sostuvo el representante de lInmujeres.

Montealegre manifestó la gravedad de que el feminicidio sólo esté tipificado en 21 entidades pero las 11 restantes no, lo que genera justicia selectiva y es una práctica grave, por lo que urgió reformar.

Respecto a las alertas de género, Yuridia Rodríguez manifestó la importancia de dejarla de tomar como un golpe político y retomar su importancia como un mecanismo para salvaguardar la integridad de las mujeres.

Paz López, asesora t écnica en Estadísticas y Políticas de Igualdad de Género de ONU Mujeres, propuso que las alertas deben de basarse en un sistema de información pensado ex profeso para que se puedan implementar, además de que ayude a diagnosticar y asignar presupuesto.

Mayela García sugirió que el personal que emita las alertas debe ser experto y elegido por la ciudadanía y evaluadas por determinadas por dependencias como ONU Mujeres o Inmujeres.

Además, no deben de recaer sólo en el Ejecutivo, sino debe de involucrar a los demás poderes del Estado, propuso Pablo Navarrete.

Por otra parte, Teresa Incháustegui, directora del Inmujeres del Distrito Federal, sugirió implementar dispositivos y reglas como medidas preventivas que serían más económicas y los daños se reducirían notablemente, su propuesta se basó en una educación en derechos humanos y que la sensibilización sobre la violencia no se reduzca únicamente a trípticos, folletos o posters.

Pablo Navarrete expuso que la ley debe de incluir a los agresores hasta ahora ausentes en la misma, ya que en los casos de agresión son las mujeres quienes abandonan el entorno y su modo de vida pero no el agresor, por lo que debe de ser más clara y contundente.

La feminista fundadora de la organización Vereda Themis, Julia Pérez, manifestó que se deben rehabilitar a los agresores, lo que implicaría un ahorro a diferencia de los refugios para las mujeres y sus hijos. Además, la ley debe contemplar la custodia de éstos en los centros de protección sin importar la edad.

La diputada perredista Malú Mícher anunció que se abrirá una página web sobre este tema para que la ciudadanía opine, y espera presentar la iniciativa de reforma en el pleno de San Lázaro antes del 15 de diciembre.