México, D.F. /MujeresNet.- La asociación civil Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) presentó el 13 de agosto de 2014 en el Centro Cultural de España su segundo informe "Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas. Análisis legal" 2012-2013, en el cual recoge cuatro casos de violencia: Lydia Cacho, Ana Lilia Pérez, Regina Martínez y los robos reiterados a la organización CIMAC.

Dicho análisis da cuenta de la falta de mecanismos jurídicos con perspectiva de género y del sexismo por parte de las autoridades que limitan el derecho a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia para las mujeres periodistas de los cuatro casos analizados, comentó Yunuhen Rangel, coordinadora del Área de Redes de periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC.

Reveló Lucía Lagunes, periodista y coordinadora general de CIMAC, que en una década hubo un 300% de casos de violencia contra mujeres periodistas. Y que entre 2012 y 2013 se registraron 86 casos de violencia, de los cuales el 54% ocurrieron el año pasado y 35% se registraron en el Distrito Federal, lo que lo coloca como la entidad más peligrosa para el ejercicio periodístico en México; le siguen Veracruz y Morelos.

Por ello, CIMAC hace un reiterado llamado a las autoridades mexicanas para que integre la perspectiva de género en los procesos jurídicos: un debido registro de documentación, implementación de investigaciones y atención a los casos; que garantice el acceso a la justicia, que elimine la discriminación, que acate los preceptos contenidos en instrumentos internacionales firmados por México, además de capacitar y sensibilizar a los funcionarios en Derechos Humanos y perspectiva de género a nivel local y federal.

Este segundo informe también realizó un análisis del tratamiento periodístico en los medios de comunicación sobre los cuatro casos y halló que prevalece el sexismo y una invisibilización de la violencia contra las periodistas.

Ejemplo de ello es que sobre el asesinato de Regina Martínez se dijo en los medios que las razones de su homicidio fueron por presuntas "motivaciones pasionales"; la puesta en duda del trabajo de Ana Lilia Pérez; la descalificación del trabajo periodístico de CIMAC y los ataques a Lydia Cacho a través de redes sociales y medios locales de Quintana Roo. En los cuatro casos las investigaciones padecen deficiencias que no aclaran los hechos y el Estado continúa sin cumplir con la reparación del daño, señaló la abogada Adriana Carmona, fundadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. en Chihuahua.

Al respecto, CIMAC también emitió recomendaciones a los medios de comunicación: capacitar en materia de seguridad a sus trabajadoras, crear códigos de ética para la seguridad de las y los periodistas, impulsar el empoderamiento dentro del medio; tratamiento respetuoso de los ataques que enfrenten y el compromiso de protegerlas al enfrentar algún tipo de violencia.

En cuanto a la sociedad civil instó a no dejar de documentar y atender la violencia desde la perspectiva de género y de Derechos Humanos, continuar el impulso y fortalecimiento de redes de periodistas que prioricen la participación de las mujeres y su liderazgo; proponer políticas públicas enfocadas a atender condiciones laborales y de seguridad, así como vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales sobre los Derechos Humanos de las mujeres y la libertad de expresión.

Lucía Lagunes también reconoció que hay avances, como la inclusión de un capítulo sobre la violencia de género en el informe anual 2013 de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Organizaciones de Estados Americanos (OEA), dirigida por Catalina Botero, donde pide protección para las periodistas y a los gobiernos implementen mecanismos de seguridad con perspectiva de género.

Por su parte, en 2013 el Examen Periódico Universal (EPU) urgió de nuevo al gobierno mexicano continuar la lucha contra la impunidad en relación con la violencia contra mujeres, niñas y niños, defensores de los Derechos Humanos y periodistas, a través de investigaciones exhaustivas y con perspectiva de género.

México también recibió recomendaciones específicas para las mujeres periodistas por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 2012, en las que pide se garantice la aplicación de la Ley de protección con enfoque de género, adoptar medidas para la prevención e investigar los ataques contra periodistas y defensoras de los Derechos Humanos para enjuiciar a los responsables y adoptar medidas contra la impunidad.

Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto de 2013 pidió al procurador general de la República y a los procuradores generales de los estados a realizar "todas las diligencias pertinentes para integrar una indagatoria eficaz que contenga, tome en cuenta y agote todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con el periodismo".

En la presentación de este informe también estuvo la periodista Lydia Cacho, quien comentó su experiencia con el caso del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y cómo a través de la tortura psicológica que sufrió, se dio cuenta de la opresión masculina sobre las mujeres. Además, comentó que escribir diarios sentimentales le ha ayudado a entender cómo se vive la violencia institucional. Al final leyó un emotivo texto dedicado a Regina Martínez y señaló que el miedo se convierte en fuerza.