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Los límites de la libertad de expresión





Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, MujeresNet, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.


La columnista hace un llamado a los medios de comunicación para que no fomenten, a través del lenguaje, el odio a homosexuales y mujeres.

El 6 de marzo pasado, hace casi dos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo 2806/2012 condenando a quien usó las palabras "maricón" y "puñal" en un periódico al considerarlas impertinentes, discriminatorias, innecesarias, además de ofensivas y que no pueden ser protegidas por el inalienable derecho fundamental a la libertad de expresión, Artículo 6º Constitucional.

El asunto causó revuelo entre "opinadores" y sesudos defensores de esa libertad que palabras más palabras menos, han argumentado contra la Corte, señalando que se ha equivocado.

El caso, que según mi seguimiento desde el día que apareció la noticia, no significó más que una discusión vertical que rápidamente desapareció de los medios. Pero la polémica que en principio fue limitada, se ha mantenido en forma ondulada y reiterada al grado que llegó a la pantalla de televisión. La mayoría desestimando el fondo del asunto.

La demanda: en 2010 el director del periódico Síntesis (Puebla, Tlaxcala e Hidalgo), Armando Prida Huerta, se quejó ante un tribunal local de Puebla por las expresiones publicadas en otro medio llamado Intolerancia, dirigido por Enrique Quiroz Muñoz. Este último fue condenado a una multa, en Puebla, y luego el caso llegó a la Suprema Corte, misma que resolvió el 6 de marzo a favor del que se quejó, sentando un precedente calificado como histórico por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Por primera vez el máximo tribunal entra, analiza y resuelve sobre la difusión del lenguaje que usan los medios. Aunque se trate de un caso particular, ha sentado un precedente sustantivo.

La polémica: con frecuencia leí expresiones y argumentos, para mi insostenibles, verdaderos "golpes de pecho", asustadizos, señalando que este precedente es grave para la libertad de expresión y argumentan con insistencia que no se puede condenar el uso de palabras o un lenguaje que es parte del uso habitual en una sociedad. Otros hablaron de la democracia liberal y permisiva. Uno más que exageró diciendo que no podemos prohibir el insulto entre dos personas, sin considerar que fue publicado.

Al parecer está en la picota de los "intelectuales" la primera Sala de la Corte y los ministros que votaron en mayoría a la resolución del ministro Arturo Zaldívar.

¿Qué preocupa? Que dos décadas después de la polémica internacional sobre el uso del lenguaje discriminatorio, sexista, que fomenta el odio contra las y los diferentes, contra las mujeres, parece haberse ido al fondo de un basurero. No se entiende.

El lenguaje, según la experticia, refleja claramente el modo de ver y pensar de las personas, viene de un aprendizaje ideológico, no son palabras inocuas sino que contienen un posicionamiento social frente a otras y otros, frente a la condición y concepción de lo que somos las mujeres y los hombres, refleja hasta qué punto hay resistencia a caminar hacia la igualdad.

¿Es esto un problema de libertad de expresión? La polémica es importante y es fundamental si queremos democratizar los medios de comunicación. La Corte sostuvo que no eran las palabras sino el sentido de las mimas y, tratándose de medios de comunicación, hay que reconocer que juegan un papel fundamental en la formación de para propiciar la disminución, y, en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios.

Entonces, el papel de los medios es clave en la lucha contra los prejuicios, los estereotipos y, por lo tanto, pueden contribuir a mejorar la igualdad en la sociedad o a eternizar un modo de ver y actuar en consecuencia. Este es el fondo de una resolución tan importante y además la primera en la historia reciente de México.

El llamado hate speech o discurso de odio es, al margen de la ley, la comunicación que vilipendia a una persona o un grupo basado en la discriminación contra esa persona o grupo. Y eso es exactamente lo que hizo el diario Intolerancia al señalar a los colaboradores de Síntesis como "maricones" y "puñales", más otras expresiones ofensivas.

Las mujeres hemos batallado con este asunto durante décadas. A nosotras, en imágenes, palabras y escenas nos ofenden en miles y miles de informaciones, comentarios, presentando cuerpos femeninos segmentados en la publicidad. Hasta ahora no se han enderezado demandas formales ante las autoridades en este sentido.

Tampoco hemos logrado que las autoridades frente a su derecho de regular los medios hayan puesto diques a esto que en nombre de libertad de expresión, los medios fomentan: el odio a los homosexuales y a las mujeres.

Un resultado de esta situación, aunque no el único, es el crecimiento documentado de la violencia contra las mujeres y el aumento sistemático de los crímenes de odio a lesbianas y homosexuales. El feminicidio insoportable es también resultado de este modo de ver la vida, que tiene expresiones sistemáticas en los medios. ¿Ahora nos van argumentar que son expresiones usuales de nuestra sociedad? Seguramente.

Es claro que países desarrollados, donde existe una amplia y sustentada libertad de expresión, donde no suceden el hostigamiento y la persecución a periodistas como en México, se ha prohibido el hate speech o discurso de odio, como Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, por mencionar algunos. En cambio los hombres mexicanos tranquilamente sostienen que lo signado por la Corte "es un retroceso".

Leí incluso a intelectuales muy informados y sabios, acudiendo a los filósofos como Ronald Dworkin, que "tenemos el derecho a ridiculizar". En una sociedad abierta nadie, por poderoso o débil que sea, tiene el derecho a no ser insultado u ofendido. Solamente una comunidad que permite la libre expresión del insulto "es democrática".

El colmo es que el director de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida Ochoa, informó recientemente en Xalapa, Veracruz, que los intelectuales e investigadores de la Academia interpondrán una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por censurar las palabras "puto", "maricón" y "puñal".

Esto es se pueden usar hasta el infinito palabras que definen a las mujeres: puta, vieja, incapacitada para la política, viejerío, argüende de mujeres, bruja, tonta, inútil, descerebrada, buena, encamable, reata, cosa, histérica, etcétera. Sin considerar las crónicas que ridiculizantes y sexistas.

Hay antecedentes memorables y terribles. Por ejemplo, en una "una investigación periodística", publicada en dos planas del periódico Noreste, entró inopinadamente en los terrenos de la vida privada de la alcaldesa local, Elizabeth, a quien los editores llaman Beto.

El "reportaje" dice: "Nacida en Xalapa, desde su adolescencia mostró una preferencia sexual diferente la cual la apartó de la integración comunitaria. La capital de rancia tradición y costumbres tan propias de la provincia, se negó de siempre a los homosexuales y a las lesbianas (maricones y tortillas, se les decía desde aquella época)".

"Elizabeth -continúa la nota- nunca tuvo el recato de esconder sentimientos, apetitos sexuales y preferencias de género, lo cual la llevó a trabar una primera relación de cuento de hadas, pero en versión gay". ¿Qué decimos a eso?

Otro caso sucedió en Mérida: ahí un candidato del PRI a una diputación local tiene un altercado con un reportero del diario Debate por Yucatán, durante la entrega de su constancia de mayoría. En revancha, el periodista carga su pluma contra el diputado electo: "Vil y cobarde, cual gamberro surgido de la miasma", "desequilibrado y enfermo mental", "enano mental con pretensiones de pigmeo". Y la última: "maricón".

Por tanto, la resolución del 6 de marzo, sobre una disputa entre directivos de medios en Puebla, estableció durante una sesión pública que expresiones como "maricón" y "puñal" y "puto" no están protegidas por la Constitución ni por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y por tanto constituyen términos discriminatorios y forman parte de un discurso "homofóbico", pues se asume que la homosexualidad no es una opción sexual válida, convalidando violaciones a derechos fundamentales.

El tema merece un debate sobre el fondo de estos lenguajes que medios de toda clase hacen sin miramientos contra las mujeres, contra las lesbianas y homosexuales y contra las personas a quienes quieren señalar, ofender o denunciar. Recuerdo hace siete años en el diario La Prensa (propiedad de la Organización Editorial Mexicana) se publicó en primera plana la palabra "Matajotos" para anunciar la captura de un secuestrador y asesino que escogía a jóvenes homosexuales como blanco. Entonces organizaciones en defensa de la diversidad sexual alzaron la voz y lograron el compromiso de los directivos de usar un lenguaje respetuoso y libre de prejuicios. Conapred atestiguó y aplaudió, tal como debe ser.

Me preocupa que el asunto entre periodistas de Puebla, que dio origen a la decisión de la Corte, haya pasado inadvertida para la sociedad, cuando hay un acuerdo explícito de no discriminación en el artículo 1º de la Constitución; cuando se ha luchado por la autorregulación de los medios y la implantación de códigos de ética; cuando es evidente y preocupante que en México hay crímenes de odio contra mujeres y homosexuales, cuando no ha sido posible una revolución cultural que haga de los medios espacios de reflexión y análisis sobre la desigualdad que permitirían ir cambiando a una sociedad que justifica, asume, admite y promueve la burla y la ridiculización de muchas personas. Nadie en su sano juicio diría que no podemos hablar y decir, denunciar y contravenir. Pero eso es otra cosa.

Me lastima profundamente la argumentación de la ONG defensora de periodistas, Artículo 19, se haya unido a esta polémica entre hombres que pretende justificar el uso de palabras, intenciones, a veces “reportajes” que justifican estas acciones y ahondan la brecha clasista, sexista y de género. Incluso, aquéllas que promueven expresiones sistemáticas de descalificación a la lucha social.

Por último, hay que reflexionar diciendo que frecuentemente los medios no usan palabras abiertamente homofóbicas o discriminatorias de las mujeres, sino que existe otro tipo de información, que no se ve o escucha textualmente, es decir, ese sexismo y homofobia que está presente en el diario acontecer de programas radiales, televisivos y en prensa escrita, que se esconde detrás de líneas, en el lenguaje y las acciones, donde afloran las actitudes y conceptos que no tienen la intención de ser ofensivos o denigrantes, pero que, por ignorancia, machismo o falta de información quienes están frente a la cámara, el micrófono o el teclado, resultan ofensivos o distorsionadores de la condición sexual, de género y homosexual.

El debate continúa, sólo entre caballeros. Valdría la pena que las feministas dijeran algo al respecto.






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