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Una casa de derechos de periodistas contra la impunidad





Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, MujeresNet, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.


Es lamentable saber día con día de las múltiples atrocidades con que tienen que lidiar los y las periodistas al ejercer su profesión y al estar informando a la ciudadanía; pero es aún más lamentable, reflexiona la autora, que quienes se encargan de ejercer justicia, lo ignoren o simplemente no sean capaces de hacerlo.

Este lunes se informó que dos fotógrafos de Michoacán aparecieron torturados y asesinados de un balazo en la cabeza en la carretera El Colesio-Tinaja Vargas. Con ellos, entre el año 2000 a la fecha, 84 profesionales de la comunicación han sido asesinados. Es claro que esta profesión parece surcar todas las fronteras y no puede hablarse en México del respeto a los derechos fundamentales de sus habitantes. Situación que me resulta insoportable.

La cuenta es de horror. Las estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que del año 2000 hasta el mes pasado se habían cometido 82 asesinatos, más la tortura y asesinato este sábado de José Antonio Aguilar Mota de 26 años, y Arturo Barajas de 46, residentes de la comunidad de La Estancia, en Jacona, Michoacán, en días y semanas donde se yergue la violencia en todos los caminos de México. Arreciada, no entiendo por qué, tras la jornada electoral.

Hay algo peor, la CNDH reconoce 16 desapariciones contra periodistas y 28 atentados contra empresas de comunicación, con bombas y amenazas. Se trata de una situación ominosa y alarmante. En la lista de decesos, al menos siete mujeres profesionales del periodismo, también fueron asesinadas, incluida una trabajadora de medios en Veracruz.

Hoy todo ha fracasado. Todas las instancias oficiales de "protección a periodistas" se han topado con una realidad que habla de dos cifras hirientes: el 71 por ciento de los casos permanece en la impunidad y el 70 por ciento de los atentados proviene de gobiernos locales o representantes gubernamentales de diversos niveles y de caciques o personajes de alto poder. Situación que nos hace suponer que la idea de que se trata de actos del crimen y los cárteles de la droga, no es suficiente para explicar la andanada contra la libertad de expresión.

No puede obviarse lo que la CNDH ha identificado como los principales agresores a autoridades federales de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo más grave es que cada día que cae un o una informadora, se daña a la sociedad en su conjunto, porque lo que se anula es el derecho de la sociedad a estar correcta y debidamente informada.

Es evidente, y lo dice la CNDH, que las autoridades ministeriales incumplen su obligación de recabar pruebas, investigar, perseguir y darnos resultados. Además, la Fiscalía Especial para delitos contra periodistas de la PGR sabe de 67 homicidios y 14 desapariciones desde 2006 y sólo de una sentencia dictada por esos crímenes.

Por ello, los profesionales han decidido buscar su propia defensa. autoprotegerse, con herramientas, conocimientos, lecturas, discusión y compromisos, para hallar la salida.

Llamar al gremio, tradicionalmente discorde, en asociaciones de parapeto o inútiles, con personalidades o intereses que se cuecen en la hoguera de las vanidades, es intentar, la construcción de una red nacional de defensa, donde pueda ahogarse de facto lo que más conviene a esos caciques, criminales o interés inconfesables: crear una instancia, una comunidad, un mecanismo donde estamos todas y todos. Capaz de salvarse y prevenirse contra esta ominosa pandemia.

La llamada de alerta, impostergable la hace la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), que hoy preside la periodista Judith Calderón y cuya estructura es principalmente de periodistas, quienes conocen y saben, por experiencia vivida, de qué se trata este entramado de los medios de comunicación, las añejas y lastimeras pretensiones de los distintos poderes por callar la verdad y negar a las y los mexicanos su derecho a saber. No es suficiente la defensa de los Derechos Humanos fuera del contexto de la realidad de los medios.

Apenas hace unas horas me decía Andrés Solís, un novel periodista que ha escrito un manual de autoprotección, de cuño nacional, que tenemos que aprender a proteger nuestra vida y la de nuestras familias, como una decisión inaplazable ante los hechos.

Sobre todo, dirían quienes hacen semana a semana Periodistas en la televisora Capital 21, porque los gobiernos permanecen indiferentes, porque no sólo se persigue y siembra el miedo de los periodistas, sino porque quienes atentan contra nuestra libertad de prensa, ahora también hallaron una forma de acallar las críticas, con supuestas demandas administrativas para ahogar a medios independientes en su economía.

El examen es muy claro, la parafernalia, las promesas, las leyes empezando por la Constitución no funcionan, como tampoco las "n" instancias de protección, en el Congreso, en las Procuradurías, en la CNDH, en los discursos y las recién estrenadas legislaciones que no hacen más que desplegar una cortina de humo, a veces con organismos que justifican presupuestos sin resultados.

Nada parece funcionar y ninguna nos da un ápice de confianza.

Este jueves y hasta el sábado se celebrará el Primer Encuentro Nacional de Periodistas Capacitadores en Autoprotección, abriendo una gran oportunidad para unificar al gremio en torno a la defensa de la seguridad de las y los comunicadores, que asegure el libre ejercicio del periodismo en nuestro país.

Judith Calderón, al hacer el anuncio de este primer encuentro, sumó cifras y hechos sostenidos como las agresiones de los últimos días, como la a aparición de los cadáveres en ese camino de Michoacán, de la misma manera la agresión de policías municipales de Ecatepec al corresponsal y al camarógrafo de TvAzteca, Daniel de Rosas Canizales y José Luis Ruiz; la desaparición del periodista Mario Segura, director del periódico El Sol del Sur en Tampico, Tamaulipas, y el ataque a las instalaciones del periódico El Regional del Sur en Cuernavaca, Morelos.

Habría que recordar también las amenazas de muerte que llevaron a abandonar el país a las periodistas Olga Wornat y Lydia Cacho; las amenazas contra la periodista sinaloense Cecilia Cota Carrasco por parte de un político en activo, "y las que se sumen en las próximas horas", dijo sin miramientos.

Ella afirmó que: "Ante la insuficiente acción gubernamental, sólo la unión entre nosotras y nosotros podrá transformar la gravísima situación del periodismo en México, con sus igualmente trascendentes implicaciones sobre los derechos civiles y políticos del resto de las y los habitantes de nuestro país y sobre la posibilidad de considerarnos entre los sistemas democráticos del mundo", advirtiendo que no hay democracia, ni festín electoral, donde sucede esta insensatez.

La CDP evalúa que se trata de una gravísima situación de vulnerabilidad y llama a vigilar a instancias encargadas de resolver los ataques a las y los comunicadores, habida cuenta que no es suficiente la estadística y el reclamo que se pierde en un anecdotario epistolar teñido de indignación, pero también inútil.

Sólo podrá pararse la ola de agresiones si las y los comunicadores de México toman acción, y se deciden a establecer por sí medidas para la prevención de agresiones. Es claro el fracaso de los gobiernos federal y de los estados en el cumplimiento de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio del periodismo.

Por ello, la CDP propuso la articulación gremial para vigilar que los gobiernos cumplan sus obligaciones, porque ellos son responsables de abordar los ataques a las y los comunicadores, de resolver los agravios, considerando que "la defensa del periodismo libre implica de manera necesaria la lucha contra la impunidad en torno a las agresiones hacia su ejercicio".









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