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¿De quién fue la culpa?





Por Soledad Jarquín Édgar
Directora de "Las Caracolas". Excorresponsal de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) en Oaxaca. En 2007 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo en su categoría de Noticia, por uno de sus trabajos para la Agencia Cimac Noticias.


Pareciera que las mujeres y la política no se llevan bien, pero no se trata de un asunto de género; lo que ocurre, nos explica la autora, es que al momento de poner sobre la mesa asuntos relacionados con la mujer, ningún poder de la Nación lo aprueba o rechaza, dejándolo para después y al "ahí se va".

Sin duda hay problemas serios para quien propone, quien dispone y quien termina por realizar las cosas. Son como tres automóviles cada uno en su carril. Eso es lo que le pasa al Ejecutivo, al Legislativo y no está fuera de esta circunstancia el Judicial.

En agosto de 2011, Gabino Cué Monteagudo presentó ante el Congreso local la iniciativa para tipificar como delito el feminicidio, iniciativa que contemplaba otros dos tipos penales: la violencia obstétrica y la violencia familiar, pero estas dos últimas no pasaron. En el caso de la violencia obstétrica hubo un excesivo temor a trastocar los "saberes" de la ciencia médica y las lamentables, comunes y cotidianas malas prácticas de ese potente gremio.

Un día antes de que se cumpliera un año de que entró la iniciativa gabinista, elaborado por cierto por algunas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los derechos humanos de las mujeres con asesoría de abogadas del Distrito Federal, el pasado 8 de agosto, finalmente se aprobó la tipificación del feminicidio como delito, es decir, el asesinato de mujeres por razones de género, con sólo 34 de 42 votos. Ya lo dijimos se opusieron algunos diputados del PRI, principalmente.

Recién en una conversación con el diputado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, de Acción Nacional, nos relataba que lo que se ha llamado en la prensa como un veto del gobernador Gabino Cué resulta aberrante, primero porque es el ejecutivo quien propone la iniciativa y no firma el documento final por contener "errores", precisamente señala el legislador, se trata del artículo 134 que ahora no le gusta, pero que él firmó y propuso desde un principio en la iniciativa presentada en 2011.

Por otra parte, el panista coincide con las voces de las organizaciones no gubernamentales como la abogada Yéssica Sánchez Maya, quien ha dicho que se trata de una dilación del ejecutivo y del legislativo para no presupuestar recursos en materia de feminicidio, lo que al mismo tiempo retrasará otros puntos fundamentales como la creación de protocolos de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La iglesia en manos de Lutero, como dicen algunas especialistas que no ven con buenos ojos que sea el propio procurador quien elabore los protocolos.

Hay razón en lo que dice el legislador, considerando que tuvieron un año para analizar la inicitiativa de ley y para que el titular de la Dirección Jurídica y de Gobierno se diera por enterado.

Claro que en ese punto no fue el único que se dio cuenta a destiempo de la aberración que supuestamente contiene el artículo 134 o que por lo menos lo señala a destiempo, como sucede con el propio legislador panista, quien apunta que el 134 "choca con el carácter humanista del derecho penal".

Por otro lado, Luis de Guadalupe Martínez califica que hay desgano de quienes deben accionar los mecanismos y terminar con esto en el legislativo donde -reitero- nadie tiene interés alguno de apurarse. La junta de coordinación política, que preside el panista Juan Mendoza Reyes -quien dicho sea de paso está más ocupado en la contienda interna de su partido para obtener la presidencia del desvencijado blanquiazul- no tiene interés real en resolver el entuerto a pesar de la gravedad del problema.

Sí, porque aún cuando las y los legisladores no vean el tamaño del problema de la violencia y el feminicidio en Oaxaca seguirán empujando pifia tras pifia, caminarán con la lentitud propia de una tortuga y como dice Martínez Ramírez con mucho desgano, o tal vez, pienso, con desinterés premeditado.

Con estas actitudes, la diputación y Gabino Cué deberían saber que no se ponen el cuerno entre ellos, sino que están dando largas a un asunto penoso que en lo que va de la presente administración llevan 161 asesinatos de mujeres y lo increíble es que el ejecutivo sigo fanfarroneando con una campaña que empezó en septiembre y no en enero con el lema del "Año de la no violencia contra las mujeres en Oaxaca", donde además en el contenido de la campaña se volaron una idea, hay plagio.

Nadie tiene ninguna prisa e insisto en que la vida de las mujeres les importa un bledo. Entrampados en sus rebatingas políticas del legislativo y ejecutivo, tienen otras dolencias que no resolverán ni siquiera con una sesión extraordinaria propuesta para el 24 de septiembre próximo. Dejando además pasar los otros tipos penales: la violencia obstétrica y la violencia familiar. Como diríamos en Oaxaca "hay a ver para cuándo".

Por otra parte, con relación a la violencia familiar, "atorada" dicen porque no saben qué hacer si considerarla grave o no, con la experiencia que se vive en la práctica cotidiana del derecho con la actual legislación de violencia intrafamiliar que si considera grave este delito, propuesta que votó el legislativo en 2011, por lo que el victimario no alcanza fianza y que como ya hemos dicho "le están encajando el diente a las mujeres".

Sin embargo, dice Luis de Guadalupe Martínez, frente a ello, los jueces empezaron a negar fianzas, los abogados empezaron a solicitar amparos y el criterio de la Corte es que no debe ser grave. ¿Qué está ocurriendo? Bueno que se aplica el criterio de los tratados internacionales que señalan que no debe ser grave y, finalmente, sí están dando fianzas, lo que evidencia los errores de la legislación. Alguien les tiene que enmendar la plana.

Por eso decimos que el ejecutivo va por una vía, el legislativo por otra y el judicial por la suya y al garete toda la población. Vemos otra vez lo que pasaba antes del “gobierno del cambio”, los actores políticos están jugando a Juan Pirulero, donde cada quien atiende su juego.

Hay otros temas pendientes en el legislativo, pero como en los arriba mencionados parece que no hay prisa, como la ley de fiscalización y la de protección a los derechos político electorales, por lo pronto mientras todo esto sucede seis magistrados tienen seis meses cobrando y no tienen sala para trabajar. Todo parece que tendrán que esperar hasta el 15 de noviembre y el tiempo es el enemigo a vencer frente al proceso electoral de 2013, en el caso de los mecanismos de protección a los derechos político-electorales, a ver si alcanzan.

Esto me recuerda mucho el pasado inmediato. Donde cuando hay tiempo no se hacen las cosas y cuando no hay tiempo las leyes o modificaciones se aprueban al vapor y ya sabemos que pasa después.

La disputa que viene

Dicen quienes saben que hay una disputa de antología entre las personas que sienten que Enrique Peña Nieto les habla al oído y ya manejan que serán los elegidos para dirigir las delegaciones federales, la pregunta es ¿le alcanzarán los puestos para pagar los "buenos" oficios de los políticos de Oaxaca?

Lo que también ha trascendido es que el propio presidente electo ya no los quiere en Oaxaca y que sí tienen la promesa de que les darán su hueso delegacional pero será fuera de Oaxaca.

Siendo así, el consenso de muchos habitantes de esta sufrida entidad es que por favor los coloque lejos, muy lejos porque ya se sabe de qué pie cojean. También existe una opinión generalizada que nadie como los políticos oaxaqueños para pacificar aguas calientes en entidades como Veracruz (pero al norte para que no queden tan cerca), Tamaulipas, Chihuahua, Morelia, Nuevo León y, porque no, también Sinaloa. De verdad, ojalá San Peña Nieto escuche las plegarias de la población oaxaqueña y los mande muy, pero muy lejos.









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