Por Sara Lovera
Periodista y feminista mexicana, fue reportera en los periódicos El Día, Unomásuno, La Jornada y directora del suplemento Doble Jornada, es directora fundadora de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) y corresponsal de SEMlac (Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe) en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de tres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata del primer caso ante la Corte Interamericana por la violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez que se presenta ante este tribunal internacional, informó a SEMlac la abogada Karla Michel, quien desde hace cinco años promueve la justicia para una de las víctimas.

Michel explicó que, con esta demanda, las familias de tres asesinadas en el caso conocido como “Campo Algodonero” tendrán la posibilidad de acreditar, ante esta instancia internacional, las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno Mexicano en relación con el feminicidio, por no cumplir sus recomendaciones.

La demanda contra México fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San José, Costa Rica.

Será la primera ocasión en que esa instancia analice un caso de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde -según cifras oficiales- más de 352 mujeres fueron ultimaas en los últimos 14 años y también, por vez primera, examinará un caso cuyo tema central es la violencia de género, explicó la abogada Michel, actual asesora en violencia de género del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, capital de la República Mexicana.

Precisó que la CIDH actúa y recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los Estados, como México, hacen caso omiso de las recomendaciones que ha establecido previamente en un informe de fondo. Hizo notar que México aceptó la competencia de la Corte Interamericana en 1998.

La demanda se refiere a casos que fueron presentados por separado, pero que están relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, entre septiembre y noviembre de 2001.

La CIDH tomó en cuenta, de acuerdo con el documento de aceptación del que tiene copia SEMlac, que el caso se basa en la denegación de justicia por parte del Estado mexicano, la falta de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y el conocimiento de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas.

En Ciudad Juárez, las primeras denuncias de feminicidio se formularon en 1993, por lo que la CIDH, que ha recibido múltiples informes y ha dado seguimiento al caso “Campo Algodonero”, sustanció la falta de respuesta de las autoridades frente a estos asesinatos y desapariciones, por lo que considera negligencia en la investigación de los homicidios.

El documento añade que tampoco se ha realizado la reparación adecuada en favor de sus familiares.

Al resumir los hechos, Michel señaló que, el 6 de marzo de 2002, la CIDH recibió tres denuncias por la responsabilidad internacional de México ante las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez, desaparecidas en 2001 y halladas asesinadas a principios de noviembre de ese año.

Esmeralda y Laura Berenice tenían 15 y 17 años, respectivamente, cuando ocurrieron los hechos.

Los peticionarios argumentan que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte" de las tres jovencitas y "dar una explicación clara y verídica sobre esta violación" de derechos.

Indican, asimismo, que "la ineficacia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del Gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos".

Tras declaraciones y la creación de instancias y programas en Ciudad Juárez, las autoridades alegan que han "redoblado esfuerzos" para agotar todas las hipótesis que conlleven “a localizar y comprobar la probable responsabilidad" de los autores, y consideran que las investigaciones "han sido eficientes" en la medida en que varias personas están cumpliendo penas.

También afirman que "en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez".

Los hechos

Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en el terreno conocido como “campo algodonero”, en Ciudad Juárez. La Procuraduría General de Justicia en Ciudad Juárez inició la investigación por los delitos de homicidio y violación.

Fueron detenidos Víctor J. García Uribe (El Cerillo) y Gustavo González Meza ( La Foca ), a partir de declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo.

La identidad de las víctimas también fue establecida a partir de las “confesiones” y vestigios en el lugar. Una de ellas fue presentada como Esmeralda Herrera Monreal, reportada como desaparecida el 29 de octubre del mismo año.

Durante la investigación previa, los peritos oficiales solamente realizaron la necropsia de ley, que consistió en una descripción del estado del cuerpo de cada una de las víctimas, sin abundar en su identidad ni el modo y causa de las muertes.

En forma irregular, los dictámenes en antropología forense, criminalística y genética forense, destinados a corroborar la identidad de las víctimas y las causas de muerte, se fueron agregando a la causa penal, cuando cinco días después del hallazgo las autoridades ministeriales ya habían asignado una identidad a cada víctima.

Al comparecer por vez primera ante un juez, ambos inculpados denunciaron haber sido torturados física y psicológicamente por los policías judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría , para firmar confesiones en las que reconocían a las víctimas. A Víctor y Gustavo les fueron tomadas fotografías poco después de la tortura, en las que aparecen las lesiones provocadas.

No obstante, el juicio siguió su curso. El 8 de febrero de 2002, Gustavo González murió en prisión después de una operación por hernia inguinal y en condiciones aún no aclaradas. Anteriormente, su abogado fue asesinado por agentes de la policía judicial, quienes “justificaron” los hechos, señalando que lo habían confundido con un delincuente fugitivo.

Los familiares de las víctimas en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones, ni en el proceso penal. La madre de Esmeralda, como otras madres de víctimas, no vio el cuerpo de su hija.

El 13 de octubre 2004, después de cuatro años de proceso, Víctor Javier García Uribe fue condenado a 50 años de cárcel. El caso fue informado a diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que documentaron y se pronunciaron en varias ocasiones sobre las múltiples irregularidades y violaciones cometidas.

Declaraciones públicas de fiscales y peritos que intervinieron en la investigación dan cuenta de que fueron obligados, por órdenes del Procurador, a “armar” el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión social. De acuerdo con esos testimonios, los nombres fueron puestos en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de jóvenes recién desaparecidas, de manera que las fechas de desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, no por deducción científica.

El 14 de julio 2005, el tribunal de apelación decretó absolver a Víctor Javier García por falta de elementos en su contra, lo que implicó la reapertura de las investigaciones. Para la madre de Esmeralda (y otras madres en el caso), significó confirmar que los hechos siguen impunes, dudar nuevamente de la identidad de los cuerpos presentados y ratificar que la actuación de las autoridades había sido un montaje intencional e interesado.

Por Irma Lorena Acosta Reveles
Docente-investigadora de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde febrero del año 2003 en adelante. Egresada del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas 2003-2006.

En este documento buscamos sintetizar un conjunto de procesos agrarios compartidos por latinoamericana, que operan en contra de la equidad laboral de las mujeres en las zonas rurales de la región. En ese propósito revisamos el caso mexicano, partiendo de la siguiente evidencia: Actualmente las mujeres residentes en el medio rural se ven colmadas de quehaceres que atañen tanto a la reproducción doméstica como a la reproducción social, en virtud de una participación más activa al mercado laboral. Sin embargo, de estas ocupaciones difícilmente resulta una retribución suficiente para que ellas y sus familias puedan llevar una vida digna.

Introducción
En este escrito reflexionaremos sobre la situación de las mujeres de la clase trabajadora residente en el medio rural mexicano. La intención es hace énfasis en algunos factores que impiden a este sector laboral su inclusión social plena, no obstante que ahora se vive un ambiente de mayor apertura para avanzar en la resolución de conflictos añejos de índole social y de género. Una de las expresiones más claras de esa problemática es que en hoy en día las mujeres del campo se ven colmadas de quehaceres tanto relativos a la reproducción doméstica como a la reproducción social. Muchas de esas actividades no son remuneradas, otra parte de sus labores sí lo son; pero difícilmente de esas ocupaciones resulta una retribución (llámese ingreso monetario u otras percepciones en especie) suficiente para que ellas y sus familias puedan satisfacer adecuadamente sus necesidades vitales mas apremiantes.

Explicar las razones de esta compleja situación que atañe no sólo al desarrollo individual de la mujer, sino a la superación de la pobreza en el campo, no puede ser sencillo. Son numerosos los eventos que ahí confluyen. Empero, por la influencia decisiva que ejercen los factores de orden estructural en esta problemática, aquí ofreceremos una explicación desde esta perspectiva. Dar preeminencia a este tipo de factores no significa perder de vista que ser mujer en el agro mexicano tiene también un significado social y cultural concreto.

En la exposición avanzaremos en tres momentos. Para comenzar haremos una breve referencia a los cambios recientes en el escenario socio-económico y político en que se inscriben el fenómeno, enfatizando los eventos de mayor influencia para la vida rural en nuestro país. Enseguida registramos la forma en que las familias de las comunidades rurales y en particular las mujeres van haciendo frente a que estos cambios. Finalmente argumentamos sobre el sentido de estos procesos en el marco de la internacionalización de la economía mexicana y de un modelo de producción agrícola volcado al mercado mundial.

Antes de comenzar resulta conveniente hacer una precisión metodológica, pues si bien el orden de exposición puede sugerir que las fuerzas del cambio social proceden exclusivamente de influencias externas, no es esta nuestra posición. Reivindicamos en todo caso una concepción dialéctica en la evolución de la sociedad.

I.- Qué es lo nuevo
Las estadísticas oficiales de México caracterizan como rurales a las localidades o centros de población que no superan 2,500 habitantes. Desde esta perspectiva México es un país predominantemente rural, pues 98.4 de las localidades caben en esta categoría (ver tabla 1).[1]

Un suceso que marca definitivamente la senda de la sociedad rural mexicana es la crisis agropecuaria que se estrena en la década de los setenta. Una crisis que con nuevos matices persiste tres décadas después.

Hacia los primeros ochentas se impuso en las políticas públicas una nueva concepción sobre el crecimiento del país, abandonando el proteccionismo nacionalista para abrazar ciegamente el neoliberalismo. Desde esta postura favorable a la globalización el Estado Mexicano se reforma, se disciplina y se adelgaza, recortando drásticamente las partidas de inversión pública y gasto social.

Mientras tanto, en el campo se impone verticalmente y con gran entusiasmo el modelo de los agronegocios y las agroexportaciones, con la expectativa de que el productor rural reoriente su labor hacia el mercado mundial de bienes agroalimentarios: Exportar, exportar más y mejor, exportar para crecer.

Siguiendo estos postulados se realizaron los cambios institucionales necesarios para impulsar el mercado de tierras y de aguas; para modernizar la agricultura a través de nuevos métodos y sistemas productivos, y para reorientar la base agroalimentaria tradicional hacia cultivos de mayor rentabilidad. En ese trayecto, se marginaron de las políticas públicas y del presupuesto a los productores ineficientes (Acosta, 2005: 54).

Al impulsar este modelo agrícola de selección de los mejores y más competitivos, no se dijo que participar en el mercado exterior no consiste sólo vender. No se dijo que también significa comprar, importar paquetes tecnológicos, maquinaria e implementos agrícolas, insumos y alimentos -granos básicos por ejemplo-. Que conlleva descartar a las unidades de producción que no estén a la altura de los estándares en productividad y competencia, como las explotaciones de tipo campesino. Tampoco se explicitó que era necesario reducir los salarios reales, cancelar fuentes de empleo para tecnificar, y que por consecuencia, habría mayores motivos para la migración interna e internacional. Se omitió difundir que el liberalismo necesita atraer inversiones, competir arduamente por el financiamiento externo y tolerar, si es preciso, la explotación abusiva de recursos naturales y fuerza de trabajo (Acosta, 2005: 40).

II. Frente al cambio…
Un rasgo tradicional de la estructura productiva en el agro mexicano ha sido su carácter bipolar. Su expresión mas reciente instala en un extremo a las empresas eficientes y competitivas, aquellas que están vinculadas exitosamente al mercado mundial, y que participan en la tramas agroalimentarias trasnacionales. En el otro extremo encontramos la pequeña producción familiar o campesina, que por efecto de la globalización y el neoliberalismo tiende a ser marginada del mercado doméstico.

El problema es que en México, los productores de granos básicos y minifundistas son la gran mayoría. Y lo mismo en círculos políticos que académicos, se conoce sobradamente de sus limitaciones seguir el ritmo a la competencia en condiciones de mercado libre.[2] Más aún cuando el sector público les ha reducido sustancialmente los subsidios y otros apoyos. El cambio ha sido de tal magnitud, que la migración que se origina en el sector campesino puede leerse francamente como desesperanza y escape de la pobreza. Y no podría ser de otra manera, ya que la producción de granos básicos (cultivo campesino por excelencia) en condiciones de minifundio y rezagada en productividad, apenas permite generar el ingreso necesario para la sobrevivencia del productor familiar por unos cuantos meses al año (Bonfil, Paloma: 2).

Con al campesinado, otro sector de la sociedad rural que ha sido severamente castigado por las políticas neoliberales son los trabajadores asalariados del campo, mejor conocidos en México como jornaleros. De este segmento laboral (que en este momento se aproxima a los cuatro millones de personas), aquellos que se ocupan en las empresas productoras de frutas, hortalizas y flores para la exportación conforman uno de los grupos más vulnerables. Lo que resulta un contrasentido, ya que los jornaleros contribuyen con creces a la expansión del producto nacional agropecuario y de las divisas. Y no obstante, son protagonistas de una vida miserable dado el carácter temporal y precario del empleo en la agricultura mexicana (Lara Flores, 2001: 369).

Aquí creemos conveniente apuntar que ambos procesos, la descomposición del campesinado y el empobrecimiento del asalariado rural, no son privativos de la agricultura mexicana, pues con diferentes tonalidades, han pasado a formar parte del escenario rural latinoamericano (Dirven, 2006; OIT, 2003).

Volviendo al punto. Si tenemos presente la crisis del productor campesino y la precariedad de los vínculos salariales en el campo, resulta fácil entender por qué es cada vez mayor el número de miembros de los hogares rurales que se ve orillados a incursionar en el mercado de trabajo, a multiplicar sus ocupaciones e intensificar sus esfuerzos en actividades de las que puedan obtener algún ingreso adicional. Una búsqueda en la que parece no importar demasiado que sean actividades de tipo formal e informal. Es en este escenario crítico donde la mujer rural juega un rol protagónico. Aquí parece pertinente anotar que en el territorio mexicano la población rural se aproxima a 24.3 millones de personas, y de éste universo, 50.8% son del sexo femenino (ver tabla 2).

Guardando distancia con las zonas urbanas de México, en el campo las mujeres también han crecido en número como sector de la fuerza laboral. Y gradualmente conforman una proporción mayor como jefes de familia (tabla 3), más por la fuerza de los acontecimientos vitales que por decisión propia. Pero ya sea como cabezas de familia o como parte de un núcleo familiar, en estos tiempos de crisis su contribución ha sido clave tratándose de:

a) Proveer ingresos principales o complementarios al núcleo familiar mediante su incorporación al mercado de trabajo;
b) administrar la merma de las restricciones monetarias del proveedor principal;
c) atemperar el recorte del gasto social; y
d) subsanar los huecos que deja la privatización de servicios básicos –como educación y salud-, y e) contrarrestar las carencias en los hogares con trabajo doméstico extraordinario.

Así pues la participación de las mujeres del campo en la vida económica es notable, aunque no sea reconocida (tabla 4). Sobran las evidencias empíricas para ilustrar las reacciones y acciones que la madre de familia, hermana o hija emprende para mitigar la pérdida del poder adquisitivo del salario, y eventualmente hasta suplir la ausencia del jefe de familia. A manera de ejemplos podemos citar la restricción al consumo de bienes y servicios que se han de adquirir en el mercado o al extender las horas de trabajo en casa, con actividades como la costura, cocina, cuidado de enfermos, elaboración de enseres domésticos, etc.

Infortunadamente, la mayor parte del trabajo que realizan las mujeres en las comunidades rurales pasa desapercibido, es subestimado o bien, no reviste un valor monetario. Es así que en México, como en el resto de los países latinoamericanos, las estadísticas no aprecian a cabalidad los aportes de la mujer en el ciclo económico, ya sea como mano de obra asalariada o en las faenas que realiza como parte de las explotaciones de tipo campesino. Aunado a ello, es notable la ausencia de datos acerca de su contribución –como valor monetario-, en el seno de familiar.

III.- Algunas razones
No pretendemos enunciar en este breve espacio cada uno de los elementos que se conjugan para inhibir la inclusión social de la mujer del campo. En cambio nos interesa subrayar el peso que el proyecto neoliberal en general y el modelo agroexportador en particular, ejercen sobre esta condición. Se trata de clarificar en el plano de la estructura socio-económica, por qué a un esfuerzo laboral mayor corresponden menores ingresos.

Situándonos primero a nivel de los estudios campesinos, se puede corroborar que en México la descomposición de la agricultura familiar se acelera en el contexto de las políticas neoliberales (Acosta, 2003: 67). La transición se puede observar mejor si seguimos el desplazamiento de este tipo de productores del abasto interno de maíz para dar cabida a las importaciones. Esta marginación es más grave en la medida que avanzan los procesos de integración comercial. Esta tendencia se acompaña de la caída en los precios de los bienes agroalimentarios, el aumento de los costos de producción y por consecuencia la pérdida de ingresos. Lo importante del caso es que no se trata de una caída en las ganancias, sino de perder el sustento cotidiano (Acosta, 2003: 69).

La reacción inmediata y defensiva de estas explotaciones agrícolas en crisis, ha consistido en compensar la pérdida de ingresos que proviene del cultivo de la parcela con nuevas actividades laborales, en la expectativa de complementar el consumo familiar. Diferentes fuentes estadísticas refieren a la recomposición de los ingresos rurales, donde las actividades secundarias y terciaras, las remesas, e incluso los subsidios públicos y privados pasan a ser parte la mas importante del ingreso rural (CEPAL, 2004: 12).

Por lo generalizado de este patrón, es común referirse al perfil pluriactivo o la multifuncionalidad de la población rural. Entendiendo como tal a esa habilidad para transfigurarse económicamente y desempeñar múltiples roles en el mercado de trabajo, ya sea que su participación sea regular o intermitente (ver tabla 5). Lo que nosotros creemos al respecto, es que la pluriactividad sólo es un término mas amable para referirse a las estrategias de la familia campesina para lograr su reproducción; una reproducción que por lo regular transcurre en condiciones de infrasubsistencia, y que no se resuelve de fondo con su incursión en otras actividades que son igualmente precarias (Acosta, 2005: 47).

Un dato clarificador al respecto es que a pesar de que el origen de los ingresos rurales se ha diversificado (tabla 5), para el año 2006 cerca del 63% de la población rural se ubica por debajo de la línea de la pobreza patrimonial en los términos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social.[3]

Más de dos décadas de políticas de corte liberal en el agro aportan evidencia suficiente para sostener que la influencia que el mercado ejerce sobre el campesinado es adversa. Pero con muy buen juicio, el diseño de los programas sociales de combate focalizado a la pobreza, tienen como destinatario principal al hogar familiar. Seguramente porque se conoce que es ahí donde tiene lugar la producción social de la fuerza de trabajo y su reemplazo generacional.

Es en los hogares rurales, vistos como entidades económicas, que la administración de los recursos y la mayor parte de los quehaceres corresponde a personas del sexo femenino. Por lo tanto no es exagerado afirmar que las mujeres llegan al límite de sus fuerzas buscando combinar el trabajo reproductivo y productivo, restándole horas al sueño y al descanso para atender las necesidades de familias normalmente mas numerosas que en las zonas urbanas. En México, las mujeres que residen en localidades rurales inician más temprano su ciclo reproductivo y tienen en promedio 3.3 hijos, mientras en que las áreas urbanas el promedio es 2.3 hijos por mujer. También el tamaño medio de los hogares rurales es mayor que el de los urbanos, 4.6 y 4.2 miembros, respectivamente (ver tabla 3).

Por lo que se refiere al trabajo asalariado en la agricultura, podemos decir que el proceso de feminización de la fuerza de trabajo rural que acompaña a la internacionalización de los mercados agroalimentarios, se inscribe en una tendencia mas amplia de de contención salarial en todos las ramas económicas. Una tendencia que se profundiza en las dos últimas décadas por razones de eficiencia productiva.

Lo que tiene todavía más sentido en el marco de las necesidades específicas de México por atraer inversiones para dinamizar la producción de bienes agrícolas como los vegetales, las frutas y las flores. Por este impulso a la especialización en bienes de mayor demanda internacional, es previsible que en pocos años el peso del trabajo femenino en estos polos agrícolas aumente, tal y como esta ocurriendo en otros países de América Latina: Chile, Colombia y Ecuador son quizá los mejores ejemplos. (Selamé 2003; Vásquez, 2004 y CEDEM, 2005).

No se trata evidentemente de censurar el hecho de que aumente el empleo de mujeres el mercado de trabajo, ni que sea mayor su participación en las labores agrícolas. Lo que queremos dejar claro es que su incorporación a la oferta laboral, en tiempos en que el empleo asalariado decrece numéricamente, la balanza se inclina en favor de los empleadores al negociar los salarios y prestaciones. Ese poder deriva de un marcado a desequilibrio entre la oferta y la demanda. Luego, su condición de sector vulnerable y sin calificación da la pauta para profundizar la explotación al interior del proceso productivo. Tal como ocurre con los trabajadores indígenas, los inmigrantes y, por supuesto, los niños.

La explicación de fondo es que en países como el nuestro (abundantes en recursos humanos, poco protectoras de los derechos laborales, y con tanta necesidad de inversiones extranjeras), la reducción de costos de producción que exige la competitividad en los mercados mundiales, se resuelve evitando aumentos de salario, exigiendo más a los trabajadores contratados, y eludiendo el pago de prestaciones. Ocurre además que las condiciones de trabajo en los campos agrícolas son de alto riesgo para la vida y para la salud. La agricultura es una de las actividades laborales más peligrosas en el mundo por el índice de riesgos laborales. Y para la mujer en edad fértil, la exposición constante a plaguicidas y otros agroquímicos tienen repercusiones graves en su salud reproductiva (OIT, 2005).

En el campo como en la ciudad, la incursión de la mujer al mercado de trabajo, en ocasiones desde temprana edad, no es casual. Forma parte de una inclinación propia del orden socioeconómico vigente, a la pérdida del poder adquisitivo del salario. De lo que resulta que ahora el ingreso de uno solo de los miembros de la familia ya no basta para hacer frente a la reproducción familiar.

En ese sentido, cuando de las zonas rurales se trata, el ingreso de la mujer a la población económicamente activa está más vinculado a una situación de carencias materiales de los hogares que con una conquista histórica de clase. Por otro lado, su inserción suele ser desventajosa por factores como el aislamiento, nivel educativo, escasa calificación para el trabajo y su posición en el hogar. Así podemos observar que la brecha salarial entre las trabajadoras del medio urbano y el medio rural es prácticamente de 4 a 1 (tabla 6).

Atender al mismo tiempo la crianza y educación de los hijos, la limpieza y preparación de alimentos, el cuidado de animales y labores extra-domésticas las lleva a aceptar trabajos a tiempo parcial y mal pagados. Y por cierto, su participación mas activa en el mercado de trabajo no garantiza la equidad al interior del grupo doméstico ni la posibilidad de tomar decisiones.

Para concluir
A grandes rasgos hemos apuntado cómo en la agricultura familiar o campesina, y en las explotaciones comprometidas en la exportación, el trabajo femenino desempeña una función de primer orden. En ambos casos sin lograr el reconocimiento social ni las remuneraciones que legítimamente le corresponden, dada la importancia estratégica de sus tareas.

El carácter invisible de su trabajo y la precariedad de sus percepciones monetarias en relación con otros sectores laborales urbanos y del propio medio rural no es un hecho histórico, es una realidad persistente. Pero esta inequidad tiene sentido en el modelo agrícola neoliberal. En primer lugar, al sumarse la población femenina sin calificación a la oferta de trabajo, favorece el retroceso generalizado de las remuneraciones. Ello se materializa en la reducción del precio de la mano de obra, esto es, en bajos salarios. Y en segundo lugar, al catalogar al trabajo femenino doméstico como asunto privado, la reposición cotidiana de la fuerza de trabajo y su reemplazo generacional pasan a ser temas ajenos al interés público. Lo que es muy conveniente, en un entorno político en que el sector empresarial y el Estado mismo se deslindan de esa carga.

Ambos procesos son congruentes con un modelo agrícola mas eficiente y competitivo, donde se exige mayor productividad al trabajo y el desarrollo tecnológico se administra exclusivamente en torno al criterio de la rentabilidad.

El que se reconozca el papel de la mujer como "colchón de la crisis” (León, 1994:6) no basta. Pues no reivindica sus aportaciones, la multiplicación de sus quehaceres, ni la importancia de sus funciones en la familia y en la sociedad. Aún más, en esas ocupaciones inmediatas y cotidianas, pospone o anula definitivamente sus proyectos de realización individual.

Referencias mínimas
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León, Magdalena. El género en la política pública de América Latina: Neutralidad y distensión. Ponencia presentada en el XVIII Congreso Internacional de LASA, 10 al 12 de marzo, Atlanta, Estados Unidos. 1994.
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Anexo estadístico

Tabla 1. México, localidades urbanas y rurales

Total / 187,938 / 100%

Rurales / 184,860 / 98.4%

Urbanas / 3,078 / 1.7%

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, II Conteo de Población y vivienda 2005 Base de datos en línea. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx/

Tabla 2. México, población por lugar de residencia.

Total / Hombres / Mujeres / Proporción mujeres

Nacional: 103,263,388 / 50,249,955 / 53,013,433 / 51.3%

Urbana: 78,986,852 / 38,300,417 / 40,686,435/ 51.5%

Rural: 24,276,536 / 11,949,538 / 12,326,998 / 50.8%

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, II Conteo de Población y vivienda 2005. Base de datos en línea. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx/

Tabla 3. Hogares en México
Localización, dimensiones y jefatura del hogar por sexo
Total hogares
22.3 millones
100%
En localidades urbanas
17.1 millones
76.7 %
En localidades rurales
5.2 millones
23.3 %

Tamaño medio del hogar
4.4 miembros
En localidades urbanas
4.2 miembros
En localidades rurales
4.6 miembros

Hogares con jefatura femenina
4.6 millones
20.6
En zonas urbanas
3.7 millones
21.8
En zonas rurales
0.885 millones
16.8
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Estadísticas a propósito del día mundial de la mujer rural. México D.F. 2004.

Tabla 4. México, ocupación de las mujeres

Trabajadoras / Zonas Urbanas / Zonas Rurales

Asalariadas / 66.8% / 40%

Por su cuenta / 21.7% / 33.7%

Sin pago / 9.4% / 25.4%

Patronas / 2.1% / 0.8%

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Encuesta Nacional de Empleo. Segundo Trimestre de 2004. Bases de datos en línea. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx/

Tabla 5. México, diversas fuentes del ingreso campesino
según tamaño del predio (en hectáreas).

Concepto / Ingreso medio / -2 / De 2 a -5/ De 5 a -10 / De 10 a -18/ 18 o más

Ingreso total / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100%

Agricultura / 33 / 9.0 / 24.5 / 33.8 / 43.6 / 50.6

Ganadería / 11.2 / 4.5 / 9.8 / 11.3 / 13.0 / 13.2

Ingresos no agropecuarios / 44.1 / 69.6 / 508 / 45.8 / 39.5 / 26.2

a) Salarios / 24.6 / 36.8 / 31.9/ 28.6 / 18.2/ 9.2

b) Autoempleo / 12.0 / 25.9 / 11.0 / 9.4 / 10.1 / 9.0

c) Remesas / 7.5 / 6.9 / 7.9 / 7.8 / 7.6 / 7.9

Procampo / 7.4 / 8.2 / 8.2 / 7.2 / 6.6 / 8.6

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL. Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de experiencias en México, Honduras y Nicaragua, Santiago de Chile, 1999.

Tabla 6. México, ingreso mensual medio de la población femenina ocupada

En zonas urbanas / $ 2,861.00

En zonas rurales / $ 726.00

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI. Las mujeres en el México Rural. INEGI, SAGARPA, SRA y PA. México, 2000.

NOTAS


[1] Si por el contrario, tenemos en cuenta el lugar de residencia encontramos que el 76.5% de la población nacional habita zonas urbanas.

[2] Para más detalles sobre los efectos de las políticas de apertura comercial en el sector femenino de la agricultura, se pueden se puede consultar a Kumar, Sona. “El impacto de la apertura comercial en las mujeres del sector agrícola” en Cuadernos Feministas NÚMERO 14. 2001.

[3] La SEDESOL determinó como línea de la pobreza un ingreso de $ 1,060.00 pesos por mes. Nota de prensa publicada por Universia, el dìa 26 de febrero 2007. Disponible en: www.universia.net.mx/index.php/news_user/content/view/full/45379/