Por Adiel Martínez Hernández


El columnista alerta sobre el incremento de posturas fundamentalistas de parte de gobernantes que, al ocupar puestos de poder, tienen la oportunidad de imponer su agenda política y utilizar los recursos públicos, repercutiendo en una imposibilidad de alcanzar la equidad social.



América Latina se debate entre dos posturas ideológicas para el establecimiento de un sistema normativo que respete los derechos humanos y a su vez regule la salud reproductiva de las personas, especialmente en el tema de la interrupción del embarazo. También en lo que se refiere al otorgamiento de derechos para las comunidades de la diversidad sexual.

Por una parte encontramos una significativa presencia de políticos que pertenecen a alguna de las tantas sectas del cristianismo y dicho pensamiento religioso le sirve de base para su participación en las actividades parlamentarias. Centroamérica destaca con países como Guatemala y El Salvador donde las Cámaras están conformadas por partidos políticos cuyos integrantes son protestantes y han formulado leyes severas que penalizan el aborto con hasta diez años de cárcel y prohíben la unión matrimonial de personas del mismo sexo.

Por otro lado, el pensamiento liberal de los políticos sigue en la insistencia de establecer un Estado laico como aquel que garantiza los derechos humanos de las personas y a su vez las encamina al desarrollo social. Sus argumentaciones consideran los avances científicos y los contextos sociales que exigen la modificación de la leyes. Así destacan países como Argentina que actualmente está en la discusión de establecer el derecho al aborto voluntario a nivel nacional.

Uno pensaría que dicha confrontación es innecesaria y hasta anacrónica en vista de los logros que se han conseguido en los países desarrollados de Europa y Norteamérica con respecto del aborto y la diversidad sexual que han llevado a que mujeres y personas homosexuales vivan en condiciones de igualdad y justicia social. Sorprende así el incremento de posturas conservadoras no solo de parte de los gobernantes sino del ciudadano común. Este último es quien finalmente coloca en el poder a líderes con pensamiento fundamentalista.

Para muchos ese es el rasgo de identidad de la América Latina cuyos habitantes tienen más que arraigado el pensamiento conservador basado en creencias religiosas. Que al ser analizado contiene ideas patriarcales y machistas que consideran a las mujeres como entes carentes de derechos sobre sus cuerpos y niegan totalmente la existencia de la diversidad sexual como resultado de la deriva natural.

Al ocupar puestos de poder, los fundamentalistas tienen la oportunidad de imponer su visión del mundo y convertirlo en agenda política. A su vez disponen de los recursos públicos para minimizar o hasta invisibilizar las posturas críticas que se oponen a sus medidas represivas. Esto repercute en una verdadera polarización de la sociedad y en una imposibilidad de alcanzar la equidad social.

En ese sentido hay mucho por hacer en cuestiones de educación, participación política y lucha social por la equidad. Ciertamente el laicismo es la mejor opción para alcanzar las transformaciones sociales que América Latina requiere. En las democracias, es importante el debate, pero también las mayorías. Así es necesario que sean más los gobernantes con pensamiento laico y progresista, con su respectiva perspectiva de género.